Vuelven las movilizaciones agrarias cuatro años después de los cortes de carreteras

Asaja, COAG y UPA acuerdan poner en marcha un calendario de movilizaciones que se desarrollarán inicialmente en las comunidades, también en Andalucía

Las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias, Asaja, COAG y UPA, han acordado retomar el calendario de movilizaciones para reclamar un plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de UE, como de gobierno de España y de las comunidades autónomas, también en Andalucía. Las protestas se anuncian justo cuando se cumplen cuatro años de las movilizaciones abanderadas por los olivareros pidiendo precios justos y que llevaron a cortar varias carreteras.

"Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España", denuncian los convocantes. Denuncian que las producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE.

Las movilizaciones, todavía por determinar cuándo serán, servirán para reclamar la paralización de las negociaciones de acuerdos como del Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se detengan las conversaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. Además, piden al Gobierno de España aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio.

"Reclamamos una flexibilización y simplificación de la actual PAC, esto incluye tanto los ecoesquemas como las BECAM. La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental", alertan.

Por otro lado, reclaman la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. Asimismo, demandan que la Agencia de Información y Control Alimentario aplique sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control.