NEGARSE A VIVIR SIN LUZ

Alberto González y su familia luchan contra los desahucios y la pobreza energética, aunque para ello tengan que ocupar una vivienda o 'pinchar' la luz

Hubo un tiempo en el que la familia de Alberto González estuvo a oscuras cuando no alumbraba el sol. Llegaron a dormir los cuatro en un coche durante un mes: su mujer, él y sus dos hijos. Decidieron ponerle fin a todas sus penurias con una decisión clara: si hay que cometer alguna ‘ilegalidad’, se comete. Todo por los hijos.

—Este es el cuadro eléctrico. Haces así, este cable con este, y listo. Pero hay que saber el truco que ponen las eléctricas para no cagarla. Me pasó al principio, pero uno aprende.

Y vaya que si aprende. Alberto cuenta sin reparo cómo es el proceso para ‘pinchar’ la luz. No siente ninguna vergüenza porque, dice, tiene que tener un sitio donde estar él y su familia. “En la calle no nos vamos a quedar”, sentencia este hombre con una imagen al más puro estilo Gordillo, el alcalde de Marinaleda.

Ya vivieron en la calle, en un coche, y no van a volver. Lo tienen claro, dicen. Ahora tienen una casa, oscura, vieja y con una fachada de aspecto descuidado, pero que ellos tratan con mimo, conscientes de todo lo que han pasado. Conscientes de que tienen un techo de hormigón y no de chapa. Conscientes de que pueden tener encendido el frigorífico, calentarse con un brasero pequeño o ver un rato la televisión. A pesar de que entraron en su nuevo hogar como ocupas. "Pero yo mismo llamé a la Policía y les dije que había ocupado la casa porque no teníamos donde ir", interviene Alberto.

Son lo que se conoce como una familia en exclusión social, una familia pobre energéticamente.

Nos lo explica su hijo, que se llama igual que él, y que tiene también la lucha por una sociedad mejor clavada en las entrañas. Señala su casa, un piso de uno de los bloques de viviendas conocidas como “las antiguas de los militares” o “La Acelerada”, mientras cuenta, despacio y con las palabras de un hombre, no de un joven de 15 años, cómo han llegado hasta allí.

—Vivimos de ocupas. El bloque no está abandonado, incluso viven algunos estudiantes, pero la casa en la que estamos sí. Tenemos la luz enganchada, y el agua también. Pero no estamos en la calle.

Duele y llena de orgullo ver a un joven con tanto valor a pesar de las adversidades. A pesar de una enfermedad que le obliga a tener que visitar cada semana al médico para someterse a quimioterapia. “Si no hubiésemos hecho lo de la luz, mi hijo no estaría como lo ves, bien, a pesar de lo suyo. Porque, ahora, para él un resfriado no es lo mismo que para otros muchachos”, explica su padre, quien sabe del potencial de su hijo: “Va unos cursos adelantado, está haciendo un FP de electrónica, aunque no tiene la edad”.

—¿Y qué futuro esperas para tus hijos?

—¿Futuro?

Se calla. Piensa. Responde: "El mismo que miles de familias que se han quedado sin recursos y que ya no saben qué más hacer para encontrar un empleo que les permita vivir con dignidad".

LUCHA CONSTANTE

Alberto es mayor de 50 años y no se encuentra nunca en el perfil que buscan las empresas. Su mujer limpia cuando le sale trabajo y logra llevar unos euros a casa. Su hija quiere ser peluquera, para lo que ha estudiado, y Alberto es un ‘crack’ con la tecnología. Son una familia. Una de las que se encuentran entre los números que dicen cuántas son pobres energéticamente. Subió la luz de golpe y porrazo y a ellos no les afectó. “No quieren que nos afecten, porque yo, a pesar de estar de ocupa en esta casa, quiero regularizar mi situación”. A pesar de la negación institucional, Alberto no cesa en su lucha junto a cientos de jiennenses por la justicia social.

Es reivindicativo y no pierde la ilusión a pesar de los ‘palos’: “Mucha gente que necesita ayuda, la busca y, cuando la encuentran, ya desaparecen”. Mucha gente. La misma que se ve afectada por la subida del precio de la luz y lo prohibitivo que este se vuelve para muchas familias que si ya lo pasan mal para vivir el día a día no pueden ni imaginarse el momento en el que le llegan las facturas.

Según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) sobre la pobreza energética en España, un 11 % de los hogares, es decir, más de cinco millones de personas, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno. Un incremento del 22% desde 2014 y que se hace notar con más virulencia en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Además, el estudio de ACA revela que hasta un 21 % de los hogares españoles están experimentado condiciones asociadas a la pobreza energética y que un 6 % (más de dos millones y medio de ciudadanos) dedican más del 15 % de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas.

Alberto ha paliado estos males, aunque a su casa no llegan facturas, solo algunos avisos para que deje la vivienda. También aparece un técnico de la empresa que gestiona el agua. “Son buena gente los técnicos”, dice Alberto en su refugio, conscientes todos de la necesidad. Pero sin miedo. Con dignidad. Él es uno de esos andaluces que consume fuera de la ley la misma luz que los jiennenses con contador legal en todo un año.

En 2016, Endesa asegura que en la provincia se dieron 3.914 casos de fraude eléctrico, lo que supone un crecimiento con respecto a 2015 del 85%. En los dos últimos años, el incremento, según asegura la compañía eléctrica en una nota, es de más del 200%. Unas cifras que suponen, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un incremento de 150 millones de euros en la factura de la luz.

Pero, como ha avisado al comienzo del encuentro, él solo ve que su familia está mejor que en la calle. Donde se quedaron cuando decidió buscar un futuro mejor en Fuerte del Rey y lo que prometía ser un negocio con vísperas de ir bien se convirtió en su ruina. Y en la de su familia. Todos, engañados por un hombre sin miramientos que les alquiló un local que no era suyo y que resultó embargado con el tiempo. Un suceso que no les enquistó en un pensamiento eterno de mala suerte, sino que les hizo más luchadores.

LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

María Donaire y su familia sabe muy bien lo que es pasar frío en pleno invierno, no poder conservar los alimentos, iluminarse con velas o, simplemente, no disfrutar de una velada familiar frente al televisor. A finales del pasado año, esta jiennense, madre de tres niños pequeños, sufrió en sus carnes la pobreza energética. “Tenía la luz enganchada, desde hace unos tres años, porque no tenía autorización para poner un contador, puesto que vivo en un piso de protección oficial de la Junta, pero sin regularizar”, explica. María, junto con su marido Rafael Ordóñez y su hija pequeña, que sufre una enfermedad, ha acudido a la concentración organizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Jaén (PAH). No para de repartir abrazos y besos. Se pone delante de la pancarta porque no quiere más casas sin luz. "Lo hemos pasado muy mal. Por suerte, yo he recuperado la electricidad, pero hay muchas familias que siguen sin luz", denuncia.

Le está muy agradecida a la PAH. "Me echaron una mano cuando más necesitada estaba", recuerda mientras mira con emoción a su presidenta, Ana Cárdenas. Su calvario ha acabado, de momento. Su marido ha encontrado un trabajo temporal en Francia y con ese dinero y otro poco que consigue ella van saliendo adelante. La colaboración de la Plataforma, así como de sus vecinos y los medios de comunicación, fue determinante para que viera la luz al final del túnel, pero, sobre todo, que su caso saliera del anonimato. "Es posible salir de la esta situación, pero necesitamos la colaboración y el compromiso de todos", reclama esta joven madre.

La pobreza energética es una tragedia invisible, que afecta practicamente a los noventa y siete municipios de la provincia, si bien golpea con más crudeza en lugares como Linares, La Carolina, Jódar o Bailén, en los que la crisis hace verdaderos estragos. Según el estudio bienal sobre pobreza y desigualdad energética de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), unas siete mil personas mueren en España como consecuencia de este problema.

Una cifra que pone los pelos de punta y que lleva a colectivos como PAH o Jaén en Común (JeC) a solicitar medidas urgentes por parte de las administraciones. JeC defendió no hace mucho en pleno del Ayuntamiento de Jaén la puesta en marcha de un plan contra la pobreza energética que permita acuerdos con las compañías suministradoras de luz, agua o gas para que "los usuarios vulnerables no estén sujetos a los cortes del suministro por falta de pago". Otras organizaciones han planteado inciativas similares en numerosas adminisraciones municipales y la Junta de Andalucía. Porque, como bien dicen los afectados, es un problema que nos afecta a todos, sin distinción. Javier Esturillo