El Ayuntamiento busca fórmulas para pagar la sentencia del Hípico

Se intentará renegociar las posibilidades de pago con los beneficiarios además de atenerse a fórmulas que proporcione el Ministerio de Hacienda

¿Cómo va a pagar el Ayuntamiento los cuatro millones de euros por el traslado del Hípico? Se trata del consistorio más endeudado del país y sus posibilidades de obtener ese dinero son limitadas. Sin embargo, los jueces le obligan después de que el Tribunal Supremo no haya admitido a trámite el recurso de casación, por lo que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es firme. 

El consistorio deberá pagar 3,4 millones de euros a la constructora Fuconsa, propietaria de los terrenos, y otros 535.000 euros al club como indemnización por tener que dejar su anterior emplazamiento, donde el Gobierno de Carmen Peñalver (PSOE) proyectó la construcción de un aparcamiento a día de hoy abandonado. Hoy, el alcalde, Julio Millán, ha sido preguntado al respecto y ha dado varias alternativas que son compatibles entre sí. De esta manera, se negociarán las posibilidades de pago con los actores, además del pago atendiendo a fórmulas que proporcione el Ministerio de Hacienda, como los fondos de ordenación.

Sobre la sentencia en sí, Julio Millán ha lamentado que sea un ejemplo más de la política de “patada a la lata” con la que se ha gobernado estos ocho años. “Lamentamos que no haya habido altura de miras, nos encontramos con una sentencia condenatoria de largo recorrido y al mismo tiempo sin un recurso, una infraestructura que como tantas otras, como el parque de Valdeastillas o el tranvía, podría haber estado funcionando y dando valor añadido", lamenta.

Ya el año pasado se desestimó la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por lo que fue una medida tomada durante el mandado del PSOE e IU. El Gobierno municipal decidió presentarlo tras estudiar los informes y convenios que había para el desalojo del Club Hípico, que se llevó a cabo por un decreto expropiatorio el 22 de julio de 2009. Al parecer, no tenía firma del técnico municipal, del asesor jurídico, del funcionario competente, ni del secretario general y se hizo con un decreto de los responsables municipales.