Peal de Becerro acude al Defensor del Pueblo Andaluz

El Ayuntamiento pide al organismo que medie para reactivar las obras del colegio Antonio Machado, paralizadas desde hace cinco años

El Ayuntamiento de Peal de Becerro ya no aguanta más la demora en las obras del colegio Antonio Machado. Las obras fueron aprobadas en 2019 y dotadas con 1,3 millones de euros. El plazo previsto de ejecución era de dos años. Han pasado cinco y siguen paralizadas.

Es por eso que ha pedido al Defensor del Pueblo Andaluz que medie en este asunto. Y lo hace la misma semana en la que estaba prevista una reunión con el delegado responsable del área, Francisco José Solano, que no acudió. En su lugar lo hicieron dos técnicos.

"Lo único que nos han dicho es que casi cinco años después el proyecto está en supervisión", ha lamentado el alcalde, David Rodríguez, que ha mostrado su preocupación.

En octubre del año pasado, medio centenar de padres, madres y estudiantes protestaron a las puertas de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Jaén capital.

En un comunicado, el Ayuntamiento explica que desde el 2019, los estudiantes del colegio Antonio Machado se encuentran "hacinados en aulas", en un único edificio y sin espacios tan elementales para su educación como biblioteca, comedor, aula de idiomas, gimnasio, aula de informática o aulas de refuerzo adecuadas. Carecen de aulas para la atención de todo el alumnado, lo que llevó a habilitar espacios no susceptibles de uso como huecos de escalera que han sido cerrados con paredes de pladur.

Lo mismo pasa con el salón de actos, que se dividió en dos para usarlo como aula y comedor escolar, lo que muestra la clara marginalidad en la que se encuentra este alumnado en comparación con el resto de niños andaluces.

Los problemas comenzaron cuando durante las anteriores obras de mejora, los técnicos municipales observaron unas deficiencias estructurales que hacían inviable el uso de uno de los dos edificios con los que cuentan las instalaciones. Una vez comunicadas estas circunstancias a la Junta de Andalucía, promotora de la obra, se vio obligada a clausurar el edificio y concentrar todos los alumnos y alumnas del centro en el único edificio que quedaba en uso y que apenas tenía capacidad para acoger a la mitad de los alumnos que allí se iban a reubicar.

Desde entonces han sido constantes las reuniones entre Ayuntamiento, AMPA y Junta de Andalucía, en donde en cada una de ellas se arrancaba el compromiso por parte de los responsables territoriales de educación de la construcción de un nuevo edifico con capacidad suficiente para albergar tanto al alumnado como los servicios e instalaciones de los que en la actualidad carece el centro.