José Ayala: “Habrá más pisos turísticos ilegales”

Hay malestar y preocupación en el seno de la Asociacion Provincial de Empresas de Alojamientos. El motivo es el repunte de la actividad turística ilegal en apartamentos que no están dados de alta. José Ayala (Mataró, Barcelona, 1972) es el presidente del colectivo en la provincia. Pide responsabilidad a las administraciones y conciencia a la ciudadanía que emplea aplicaciones que dan pie a actividades no reguladas por el Estado.

—Airbnb está en el ojo del huracán. ¿Les perjudica en Jaén?

—Hay oferta de pisos que no están dados de alta, y esa oferta ha sido denunciada. La última vez que lo hicimos fue en la Delegación de Hacienda.

—¿Cuándo?

—Fue el pasado día 13 de junio. Tuvimos una reunión y le transmitimos que había pisos ofertados tanto en Airbnb como en Mil Anuncios, además de en otros portales, que se comercializaban como apartamentos turísticos sin estar dados de altas. Les instamos a que identifiquen a los propietarios para comprobar en las declaraciones de la renta que le imputan esa actividad.

—¿Cuántos pisos sin dar de alta hay en Jaén capital?

—A primeros de mes, nuestros datos eran de 28 pisos ilegales. Si le sumamos los que hay en Úbeda, Baeza, Cazorla y Linares, la cifra provincial estaría entre 70 y menos de 80. Y va a crecer.

—Airbnb parece el BlaBlaCar de los pisos. ¿Entiende que la app es ilegal y debe ser perseguida?

—Nosotros entendemos que alquilar pisos a turistas sin estar dado de altas en la delegación de Turismo es ilegal.

—Más allá de que haya quien lo haga por dinero o sólo por sacarse un extra.

—Quien alquila un piso no es pobre. Porque, como mínimo, ya tiene dos pisos, el que alquila y donde vive. No es economía colaborativa, sino un negocio puro y duro. Diferente es que alquiles un dormitorio y seas una persona con pocos recursos. Eso sí es economía colaborativa. Si alquilas un piso no eres un muerto de hambre; estás haciendo negocio.

—Ha dicho que el número de pisos ilegales aumentará. ¿Por qué?

—Porque la tendencia es aumentar en todos los sitios, salvo en algunas zonas donde los ayuntamientos exigen el pago de recibos de agua industrial y de tasas industriales de las contribuciones. En el resto de zonas, donde no hay regulación, están creciendo.

—¿Cómo pueden ustedes competir en este contexto?

—Simplemente denunciando. Solicitando a la Delegación de Hacienda que compruebe las viviendas de los propietarios. A la Subdelegación del Gobierno le hemos transmitido que hay una brecha de seguridad muy importante con el asunto de los alquileres no regulados. No hay control de los viajeros. El último atentado de Londres lo perpetró un terrorista que empleó Airbnb. Y el violador de Ciudad Lineal se alojó en un piso al que accedió con otra plataforma.

—Las aplicaciones son legales. ¿O le consta que alguna es ilegal?

—Todas son legales, diferente es que la oferta que comercialicen sea ilegal. Tienen cierta parte de responsabilidad. Normalmente tienen que solicitar el registro de turismo. Y no lo están haciendo. Prueba del defraude que existe es que en la mayoría de los anuncios sólo se afectan pagos en efectivo. El fraude está a la orden del día.

—¿Han actuado en otros organismos?

—Sí, a la Delegación de Turismo le hemos comunicado nuestras quejas. Y ahí hemos encontrado poco cariño, por decirlo así. Nos dicen que ellos no pueden entrar a un domicilio particular. Estamos un poco desamparados por parte de las administraciones en cuanto a este tema. Luego dicen los sindicatos que no creamos empleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En los últimos dos años ha cerrado un 10 por ciento de los hoteles de la provincia.