Urbanismo consuma el rechazo al proyecto de biogás

El Ayuntamiento de Jaén rechaza tramitar el expediente al no cumplir los requisitos urbanísticos, medioambientales y de salud pública, mientras el PP se abstiene

El Ayuntamiento de Jaén ha dado un paso definitivo en su estrategia para frenar la implantación de plantas de biogás en la capital. El Consejo de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado este martes la inadmisión a trámite del único proyecto presentado hasta la fecha.

Se culmina, de esta manera, un proceso que el propio Consistorio llevaba semanas anticipando tras meses de análisis técnico, debate político y creciente inquietud vecinal.

La decisión, respaldada por todos los consejeros salvo los designados por el Partido Popular —que se han abstenido—, supone el cierre en vía municipal de la propuesta promovida por Verdalia Bio Terraoliva S.L.. La empresa planteaba la construcción de una planta para la valorización de residuos orgánicos y la producción de biogás y biometano en suelo rústico, una iniciativa que desde su origen ha estado rodeada de controversia.

El rechazo no ha sido una sorpresa. El Ayuntamiento ya había dejado entrever en semanas anteriores su posicionamiento, apoyado en informes técnicos que advertían de la falta de encaje del proyecto en aspectos clave como el urbanismo, el medio ambiente y la salud pública. Con esta votación, el órgano urbanístico no hace sino refrendar oficialmente unas conclusiones que han guiado toda la actuación municipal.

En el trasfondo de esta decisión se encuentra una estrategia más amplia. El equipo de Gobierno exploraba desde principios de año distintas vías para frenar la proliferación de este tipo de instalaciones, entre ellas la argumentación basada en la “no concurrencia de interés público o social”. Una línea que fue trasladada tanto en el ámbito político como a colectivos ciudadanos, en un intento de dotar de coherencia jurídica a una posición que buscaba anticiparse a posibles nuevos proyectos.

La concejal de Urbanismo, África Colomo, defendió durante la sesión la solidez del trabajo técnico realizado y enmarcó la decisión en un contexto especialmente complejo. La edil volvió a poner el foco en uno de los elementos que ha condicionado todo el proceso: la falta de un marco normativo claro por parte de la Junta de Andalucía.

Esa ausencia de regulación específica ha obligado al Ayuntamiento a moverse en un terreno interpretativo, tratando de dar respuesta a una iniciativa privada vinculada a la transición energética pero con importantes implicaciones territoriales y sociales. “La situación se agrava por la falta de un marco normativo claro”, reiteró Colomo, insistiendo en la necesidad de que la administración autonómica establezca criterios definidos para abordar este tipo de proyectos.

Más allá del plano institucional, el caso ha estado marcado por una notable movilización social. La preocupación vecinal, canalizada en buena medida a través de plataformas ciudadanas contrarias a estas instalaciones, ha ido creciendo desde que se conocieron los detalles de la ubicación prevista —en la carretera de Fuerte del Rey— y los posibles impactos asociados a la planta. Este clima ha contribuido a situar el debate en el centro de la agenda local.

MOVILIZACIÓN EN ALCALÁ LA REAL

Un pulso que, lejos de limitarse a la capital, se extiende a otros puntos de la provincia. En Alcalá la Real, la Plataforma Stop Biometano Alcalá la Real y Aldeas ha convocado una marcha ciudadana para el próximo domingo 19 de abril con el objetivo de mostrar el rechazo al proyecto de planta de biometano que impulsa la empresa Desarrollos Bioenergéticos de Andalucía Jaén 1, S.L..

La movilización partirá desde distintos núcleos del municipio —Ermita Nueva, Mures, Ribera Baja y Llano Mazuelos— para confluir en el paraje de Casa Toro, donde está prevista la instalación. Bajo el lema “Defensa del territorio y derecho a la información”, la iniciativa busca visibilizar la oposición social y reclamar mayor transparencia, participación pública y una evaluación rigurosa de los impactos.

Desde la plataforma señalan que la convocatoria responde a la preocupación por las posibles consecuencias sobre el entorno rural, el medio ambiente, la salud y la calidad de vida, al tiempo que reivindican un modelo de desarrollo que consideran verdaderamente sostenible y compatible con el territorio.

Pese al rechazo municipal en Jaén, el recorrido administrativo del proyecto no concluye aquí. El informe aprobado será remitido a la Consejería competente de la Junta de Andalucía, encargada de resolver sobre la Autorización Ambiental Integrada solicitada por la empresa. En ese documento se recoge también la incompatibilidad urbanística del uso previsto para los terrenos, un factor que puede resultar determinante en la resolución final.