Arrestan a diecinueve personas más en una trama de parejas de hecho para regularizar a inmigrantes
@FranCharro
La investigación, iniciada en Jaén, eleva a 65 los detenidos por una organización que habría obtenido más de 30 millones de euros mediante trámites fraudulentos
La Policía Nacional ha detenido a otras diecinueve personas en el marco de la Operación Vínculo II, una investigación dirigida por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Jaén contra una organización criminal dedicada presuntamente a favorecer la inmigración ilegal y conseguir permisos de residencia mediante documentación falsa y la simulación de parejas de hecho, según describe el Cuerpo en un comunicado hecho público este martes.
Las nuevas detenciones se han llevado a cabo durante el primer semestre de 2026 en Jaén, Málaga, Tenerife y Melilla y se suman a las 46 practicadas en la primera fase de la investigación, iniciada en febrero de 2025. En total, son ya 65 las personas detenidas por su presunta implicación en la trama, de acuerdo con los datos oficiales.
La investigación comenzó después de que los agentes detectaran varias solicitudes de permisos de residencia por circunstancias excepcionales vinculadas a supuestas parejas de hecho registradas en Cataluña y relacionadas con empadronamientos en domicilios de Torredonjimeno.
MÁS DE 300 SOLICITUDES PRESUNTAMENTE FRAUDULENTAS
Las pesquisas permitieron detectar más de 300 solicitudes de permisos de residencia que, según la Policía Nacional, habrían sido obtenidos en fraude de ley y presentados en distintas Oficinas de Extranjeros de España.
La organización habría utilizado principalmente registros de parejas de hecho entre ciudadanos de origen marroquí y mujeres españolas que, según la investigación, no mantenían previamente ningún tipo de relación personal.
Para ello, los implicados se registraban como pareja de hecho en notarías de Barcelona después de empadronarse en la ciudad. Esta vía permitía posteriormente solicitar una Autorización de Residencia de Familiar Comunitario, con una vigencia de cinco años y que habilita para trabajar tanto por cuenta propia como ajena.
Según la Policía Nacional, los integrantes de la organización podían cobrar hasta 12.000 euros por facilitar la documentación necesaria o favorecer la entrada en España de ciudadanos que se encontraban en situación irregular. Los investigadores calculan que los cabecillas de la trama habrían obtenido más de 30 millones de euros mediante estas actividades.
UNA ORGANIZACIÓN CON FUNCIONES REPARTIDAS
La estructura investigada tenía presencia en Barcelona, Melilla, Tenerife y Málaga y contaba, según las pesquisas, con diferentes niveles y funciones perfectamente delimitadas.
En la parte superior se encontraban los presuntos cabecillas, de nacionalidad española y marroquí, encargados de planificar las operaciones, captar a otros miembros y distribuir las tareas.
Por debajo se situaban los captadores, que buscaban principalmente a mujeres españolas dispuestas a registrarse como parejas de hecho. Según la investigación, muchas de ellas procedían de la provincia de Málaga. También se encargaban de labores logísticas y de los desplazamientos entre Málaga y Barcelona.
Otros integrantes actuaban como facilitadores y se ocupaban de conseguir la documentación falsificada necesaria para presentar las solicitudes de residencia. La organización contaba además con personas encargadas de trasladar el dinero obtenido mediante estas actividades.
LA OPERACIÓN CONTINÚA CON LA EXTINCIÓN DE PERMISOS
La primera fase de la Operación Vínculo culminó con 46 detenidos por presuntos delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. La investigación permaneció abierta y permitió posteriormente desarrollar una segunda fase.
Durante el primer semestre de 2026, la Policía Nacional puso en marcha la Operación Vínculo II, que se ha saldado con otras 19 detenciones por presuntos delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.
Además, los investigadores han solicitado a las distintas Oficinas de Extranjeros la extinción de los permisos de residencia que habrían sido obtenidos fraudulentamente. También se ha pedido a la Agencia Tributaria que estudie la retirada de posibles ayudas sociales obtenidas mediante las actuaciones investigadas.
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