Una operación de venta ilegal de 3.000 piezas arqueológicas salpica a Linares con dos arrestos

La Policía Nacional detiene a siete personas, dos de Jaén, por un delito contra el patrimonio, también con impacto en Córdoba y Sevilla

La Policía Nacional ha detenido en Linares, Córdoba y Sevilla a siete personas como presuntos responsables de delitos de pertenencia a un grupo criminal, contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y contrabando. El motivo, la venta de más de 3.000 piezas arqueológicos procedentes de expolio, la exportación de gran parte sin autorizaciones y el blanqueo de los beneficios logrados por la comercialización. Una de las parejas que, presuntamente vendían de forma ilegal, residía en Linares, donde fue arrestada por los agentes en uno de los registros.

Los objetos eran monedas, puntas de flecha, fíbulas, figuras y una vasija de vidrio, entre otros, además de 73 monedas de plata, 37.625 euros en efectivo, tres teléfonos móviles, tres ordenadores y 22 dispositivos de almacenamiento.

Según detalla el Cuerpo en un comunicado hecho público hoy, las investigaciones comenzaron en marzo de 2023, cuando los agentes comprobaron que una empresa dedicada a la compraventa de numismática por internet tenía tienda en varios portales de venta digital, donde se vendía gran cantidad de monedas de origen arqueológico.

MÁS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS EN CINCO AÑOS

Las monedas aún tenían restos de tierra adheridos, de manera que hubo una extracción "relativamente reciente" y, según desgrana la Policía, el expolio de un yacimiento arqueológico. Son hechos que constituyen un delito contra el patrimonio histórico, recogido en el artículo 323 del Código Penal.

Las gestiones policiales permitieron identificar a los responsables de la empresa en Mairena del Aljarafe (Sevilla), y revelaron que muchas de las ventas se habían realizado a personas residentes en otros países, como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Italia, Países
Bajos, Grecia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Polonia y Japón, entre otros.

Los ingresos obtenidos por estas transacciones superaban el medio millón de euros en los últimos cinco años. Por este motivo, los investigadores pidieron información al Ministerio de Cultura acerca de los permisos de exportación solicitados por dicha empresa o por sus responsables, requisito obligatorio para la salida del territorio español de bienes culturales de más de cien años de antigüedad. El resultado fue que no habían solicitado ningún permiso para la exportación de las monedas, de modo que hay un presunto delito de contrabando.

PERFILES EN PLATAFORMAS Y LA PAREJA DE LA PROVINCIA

Las pesquisas identificaron a cuatro personas que tenían una estrecha relación con los responsables de la empresa numismática investigada. Todos contaban con perfiles en diferentes plataformas de comercialización por internet, donde ofrecían los objetos por venta o por subasta.

Los agentes constaron que los propietarios de la empresa investigada, que dirigían la actividad empresarial, se surtían de monedas y otros objetos arqueológicos de procedencia ilegal comprándolos directamente a expoliadores que los habían extraído con detectores de metales o en subastas en redes sociales y en plataformas de compraventa online.

Posteriormente, todo el material obtenido era catalogado y clasificado, de modo que en la página web de su empresa se vendían los objetos de mayor valor, mientras que los de menor entidad se los enviaba a los investigados que se encontraban en Linares y en Lucena (Córdoba), que los vendían en las distintas plataformas.

Así, el el titular se encargaba de mantener los contactos con los proveedores ilegales, seleccionar el material y decidir sobre el envío a los otros miembros del grupo, mientras que su mujer se ocupaba principalmente de la contabilidad y, en ocasiones, de llevar a cabo esos envíos.

Según desarrolla la Policía, contaban con una empleada que se encargaba de gestionar la página web, preparar y empaquetar las monedas y demás objetos y realizar los envíos. Las otras dos parejas, residentes en Linares y Lucena, recibían los paquetes que les enviaba y ponían los objetos a la venta en diversos canales mediante subasta o de forma directa. También adquirían material arqueológico a expoliadores de la zona. Uno tenía incluso un detector de metales.

PARQUETES, REGISTROS Y DETENCIONES

Uno de esos paquetes fue interceptado en una empresa de mensajería unas horas antes de la realización de las entradas y registros domiciliarios. Había
sido depositado por la empleada de la empresa de numismática y contenía 22 bolsas con cerca de 1.900 piezas de arqueología.

Otra de las vías por la que todos los implicados obtenían y vendían piezas arqueológicas ilegales era a través de subastas de “venta a tramos” entre particulares, que son desarrolladas en grupos privados creados en redes sociales. En este tipo de subastas, los participantes pujan en incrementos establecidos (tramos) sobre un precio base. Gana quien ofrece la puja más alta al final del proceso.

En la explotación operativa, los agentes practicaron de manera simultánea tres registros en los domicilios de los investigados en Mairena del Aljarafe, Linares y Lucena, con la ayuda de tres arqueólogos proporcionados por la Junta de Andalucía. En ellos se intervino alrededor de 3.200 objetos arqueológicos y es cuando los agentes detuvieron a todos los investigados: los dos responsables de la numismática, la empleada y las parejas que presuntamente vendía desde Linares y Lucena.

DE VUELTA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SEVILLA

Las piezas arqueológicas fueron depositadas en el Museo Arqueológico de Sevilla para el estudio por parte de los técnicos y para la emisión del correspondiente informe técnico.

Las conclusiones del informe establecen que constituyen bienes del patrimonio arqueológico, y abarcan una cronología que comprende desde la Edad del Cobre hasta la Contemporánea. "La acumulación de piezas solo podía tener su origen en un expolio sistemático mediante la utilización de detectores de metales", detallan desde la investigación.

Además, algunos objetos presentan tan buen estado de conservación que, concluyen desde la Policía, han sido extraídos de un contexto cerrado. Es decir, del expolio de un yacimiento arqueológico desconocido.

Los detenidos han obtenido importantes beneficios económicos de la venta ilegal. "Los ingresos les permitían disfrutar de un nivel de vida por encima de las posibilidades derivadas de las actividades laborales que realizaban legalmente, ya que alguno de los miembros no tenían trabajo remunerado y otros trabajaban de manera intermitente, con contratos cortos y salarios muy contenidos", concluyen desde el Cuerpo.