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Creciente indignación ante el incremento de agresiones a sanitarios

Por Esperanza Calzado - Febrero 10, 2024
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Creciente indignación ante el incremento de agresiones a sanitarios
Concentración contras las agresiones a sanitarios.

Los servicios jurídicos del Colegio de Médicos de Jaén de la institución colegial atendieron un 21% más de casos que en años anteriores

Preocupación creciente entre los colegios profesionales, sindicatos y la propia administración por el incremento de agresiones físicas y verbales a profesionales sanitarios. Una indignación que se hace cada vez más patente tras los dos recientes casos registrados en Jaén y Linares

El presidente del Colegio de Médicos de Jaén, Gerardo Pérez Chica, advierte de la "preocupante prolongación" de la lacra de agresividad contra el personal sanitario. Y pone un ejemplo. Los servicios jurídicos de la institución colegial atendieron un 21% más de casos que en años anteriores.

Su homólogo en el Colegio Oficial de Enfermería de Jaén, José Francisco Lendínez Cobo, pide encarecidamente al personal sanitario que denuncie cualquier tipo de agresión, ya sea física y/o verbal. “Los profesionales sanitarios son considerados autoridad y así deben tratarse y respetarse. La agresión física y la intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia, con penas que pueden llevar a prisión”, apunta.

Ayer mismo tuvo lugar la concentración de repulsa por el nuevo episodio de violencia hacia una profesional médica y una profesional Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, sucedida el pasado miércoles día 7 de febrero. Fue en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén. Al parecer, la agresión se produjo por parte del familiar de una paciente, que causó también daños materiales en el centro hospitalario.

La delegada de Salud, Elena González, hace hincapié en que el personal sanitario es una autoridad pública. De ahí que cualquier agresión física o intimidación grave es un delito contra esta autoridad pública, que está tipificado con condenas que van de 1 a 3 años.

 

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