El juez ve “irregularidades idénticas” a un fraude de ley en los proyectos solares de Lopera

El Juzgado de Andújar aprecia fragmentación artificial y posibles daños ambientales y económicos en las plantas promovidas en Lopera, Marmolejo y Arjona

El Tribunal de Instancia número 2 de Andújar ha confirmado en un auto dictado el 26 de enero de 2026 que los proyectos fotovoltaicos promovidos en Lopera, Marmolejo y Arjona presentan irregularidades “idénticas” a las que llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a anular en julio de 2025 una megaplanta similar en Bujalance y Montoro (Córdoba) por fraude de ley ambiental.

La magistrada aprecia una fragmentación artificial de un gran proyecto energético en varias iniciativas con una potencia instalada inferior a 50 megavatios. Según recoge el auto al que ha tenido acceso este medio, permitiría eludir la competencia estatal y evitar una Evaluación Ambiental Ordinaria Conjunta que analice el impacto global sobre el ecosistema y la economía agrícola del territorio. Las autorizaciones sectoriales y ambientales concedidas por la administración autonómica quedarían así bajo sospecha de nulidad.

También señala la omisión en la protección de especies vulnerables presentes en la zona, como el alzacola rojizo, y apunta a anomalías en la tramitación administrativa que, según las plataformas denunciantes, perjudican directamente a agricultores y propietarios afectados por la tala de miles de olivos centenarios prevista en estos proyectos.

No obstante, el juzgado ha derivado la decisión sobre estas irregularidades a la jurisdicción contencioso-administrativa. La parte denunciante ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Jaén al entender que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra el medio ambiente y de prevaricación administrativa.

Desde la plataforma ciudadana SOS Rural, su portavoz nacional, Natalia Corbalán, advierte de que autorizar los parques solares y su línea de alta tensión “aun siendo conocedores de que están bajo un fraude de ley” supondría consolidar un acto ilegal que podría acarrear responsabilidades penales y patrimoniales para cargos públicos, además de un impacto económico “devastador” para las arcas municipales. En la misma línea, Rafael Alcalá, portavoz de la plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, insta a los ayuntamientos de Lopera, Arjona y Marmolejo a paralizar la concesión de licencias hasta que se resuelva el recurso contencioso-administrativo ya planteado ante el TSJA.

Las advertencias se extienden también a la línea de alta tensión Doña María–Guadame, infraestructura privada imprescindible para evacuar la energía generada por las plantas y que atraviesa varios municipios, entre ellos Lopera. Según los denunciantes, si los proyectos fotovoltaicos están afectados por vicios de nulidad, la línea de evacuación quedaría igualmente comprometida. Además, alertan de que su trazado afectaría a parcelas de la comunidad de regantes y a instalaciones de riego, con posibles daños en una de las zonas agrícolas de mayor productividad del municipio.

Las plataformas sostienen que, en caso de que se concedan licencias y posteriormente los proyectos sean anulados, los consistorios podrían enfrentarse a indemnizaciones millonarias por parte de las promotoras y a reclamaciones de agricultores por responsabilidad patrimonial, así como a los costes de restauración ambiental y desmantelamiento de las instalaciones.