El biometano: entre la oportunidad energética y la inquietud vecinal

Mientras la Junta y las empresas defienden su papel en la economía circular y la transición energética, vecinos y plataformas piden más información y garantías

La provincia de Jaén vive un intenso debate en torno a la instalación de plantas de biometano, instalaciones que transforman residuos agrícolas y ganaderos en gas renovable. Con proyectos en marcha en Andújar o Mengíbar, el sector y la Junta destacan las ventajas en economía circular, energía limpia y creación de empleo. Sin embargo, los vecinos reclaman información, garantías ambientales y diálogo antes de que se concedan las autorizaciones definitivas.

En La Quintería, pedanía de Villanueva de la Reina, la noticia de una planta proyectada en el término municipal de Andújar ha generado movilización vecinal. Los residentes han han recibido el apoyo del alcalde, Blas Alves, quien se ha comprometido a acompañarlos en todo el proceso. "Entiendo el miedo y la incertidumbre que sienten los vecinos. Vamos a darles la máxima información posible y a trasladar sus inquietudes al Ayuntamiento de Andújar y a la Junta", declaró Alves tras una reunión con la ciudadanía. 

El Ayuntamiento de Andújar ha manifestado su compromiso con la transparencia y el cumplimiento estricto de la normativa. Según el alcalde, Francisco Carmona, la tramitación seguirá todas las garantías ambientales y urbanísticas exigidas por la Junta de Andalucía, con procesos de información pública y participación ciudadana. “Queremos que la ciudadanía tenga toda la información técnica disponible y que el proceso sea transparente. La seguridad y el respeto ambiental son prioritarios”, señalaron desde el consistorio andujareño.

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha defendido que estas instalaciones están sometidas a una normativa europea, nacional y autonómica muy estricta. “Las plantas de biometano son un ejemplo de economía verde y circular. Aprovechan residuos del olivar, reducen emisiones y generan energía renovable y empleo”, explica Estrella. Recuerda que en Europa ya existen 1.548 plantas en funcionamiento y que Jaén, como líder mundial en aceite de oliva, está en posición de aprovechar esta oportunidad.

Mientras tanto, en Mengíbar, la empresa promotora Naturmet y el Ayuntamiento han celebrado una comisión informativa abierta al público para explicar el proyecto. El responsable de Biometano, Darío Pérez, diferenció entre biogás y biometano: “Una planta de biogás tiene emisiones. Una planta de biometano no. Se inyecta gas renovable a la red, sin olores, sin humos y con sistemas herméticos”, recalcó. Sobre la distancia al casco urbano —900 metros—, Pérez recordó que no existe normativa que establezca un mínimo debido a la seguridad que ofrecen estas instalaciones, poniendo ejemplos de plantas ubicadas junto a poblaciones en países como Alemania o Francia.

En cuanto a los olores, afirmó que todos los tanques y naves estarán cerrados y filtrados, y que incluso se ha encargado un modelo matemático de emisiones a la empresa Suez para descartar riesgos. El proyecto prevé la creación de 10 a 15 empleos, además de ingresos para el municipio y la compra de subproductos agrícolas y ganaderos de la comarca, contribuyendo a la reducción de emisiones de metano en las explotaciones. El profesor Antonio Manzaneda, de la Universidad de Jaén, destacó el potencial del digestato, subproducto del proceso, para mejorar la fertilidad del suelo del olivar y avanzar hacia una agricultura más sostenible.

La plataforma STOP Planta Biometano Mengíbar mantiene, no obstante, su oposición frontal al proyecto. Ha convocado una concentración el 7 de septiembre en la Plaza de la Constitución y denuncia que la planta supondría olores insoportables, riesgos de explosión, contaminación y problemas de salud pública, además de un impacto directo sobre los campos y aguas subterráneas.

Con varios proyectos en tramitación, la provincia asiste a un debate que mezcla transición energética, sostenibilidad, desarrollo rural y participación ciudadana. Por ahora, los ayuntamientos afectados han anunciado que acompañarán a sus vecinos, exigirán informes técnicos exhaustivos y promoverán procesos informativos abiertos para resolver todas las dudas.