EL CUENTO DE LA CRIADA
Trabajadoras migrantes de la dependencia y del hogar denuncian las condiciones de "semiesclavitud" que viven en municipios de la provincia; la Hermandad Obreras de Acción Católica de Acción Obreras subraya el atropello y visibiliza los casos en Jaén
Llegan al seno de una familia para trabajar. Atienden las necesidades de personas que o viven solas o han sido abocadas a la soledad. Son extranjeras, asistentes de la dependencia o empleadas domésticas. El trabajo, que debería ser una oportunidad para salir adelante, se convierte en esclavitud. Por cantidad de horas. Por falta de descanso. Por ausencia de cobertura legal. Ellas, las cuidadoras migrantes, se ganan la vida en pueblos de la provincia y en barrios de la capital como Peñamefécit, donde hay entre una decena y una veintena, según fuentes consultadas por este diario.
La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) trabaja para visibilizar las condiciones de precariedad de las mujeres. Lo hacen con un obstáculo: las propias protagonistas no pueden denunciar con nombres y apellidos un trabajo que, aunque se vuelve indigno, les da de comer. Algunas ni siquiera tienen la doble nacionalidad. Están sin documentos. Hemos hablado con dos de ellas para que nos cuenten el —verdadero— cuento de la criada.
"NO TENÍA DERECHO A NADA COMO INTERNA"
Joanna (Medellín, Colombia, 1968) llegó a Jaén hace tres años procedente de Medellín, donde tiene tres hijos: dos chicas de 34 y 24 años, y un varón de 25. Viajó a Jaén porque una prima que llevaba casi cerca de dos décadas en España había enfermado y necesitaba una cuidadora. "En mi país la situación económica estaba muy difícil; yo trabajaba, pero no ganaba lo suficiente. La plata se había desvalorizado", cuenta por teléfono a este periódico. Joanna, de 51 años, estuvo seis meses al cuidado de su prima enferma, en Jaén capital. Después le salió un puesto de trabajo en Canena. Y ahí la esperaba una pesadilla que duró casi un año y medio.
Según el relato de Joanna, en Canena la necesitaba una mujer de 90 años que vivía sola. La nonagenaria precisaba atención las 24 horas del días. "Las 24 horas del día", repite la cuidadora. Tenía que atenderla para las tareas básicas del día y en la noche, cuando dormían juntas, la faena continuaba. Porque cada cierto tiempo se repetía la voz de la dueña de la casa:
—Nena, pásame el agua.
Y al rato otra vez la voz:
—Nena, la comida.
Joanna apenas podía descansar. Aprovechaba la sobremesa, cuando la abuela cabeceaba, para conciliar el sueño a ratos. Las condiciones pactadas eran así: 800 euros al mes a cambio de la entrega diaria, salvo un fin de semana libertad. "No tenía derecho a nada más", recuerda.
A los 17 meses Joanna se plantó. Fue justo después de recibir un mes de vacaciones que ella aprovechó para salir de Canena y descansar en Peñamefécit. De regreso al trabajo, se llevó una sorpresa al descubrir que el pago —siempre era en mano— se demoró unos días. "No me pagaron el mes que libré. Me dijeron que como yo había descansado no tenía derecho a sueldo", expresa. Ahí se sintió agobiada. Le dijo a la familia que necesitaba al menos una jornada libre cada ocho días. Finalmente, Joanna renunció no sin antes hacer un último servicio: encontró a una chica colombiana de reemplazo. "Yo le conté en detalle cuáles eran las condiciones. Ella es más joven. Tiene unos 35 años. Aceptó. Y duró ocho meses", cuenta.
Ahora Joanna trabaja cerca de la Avenida de Madrid en Jaén capital. Cobra 700 euros y libra todos los sábados. Ella y otra mujer brasileña se ocupan en horarios diferentes de cuidar a una mujer mayor que este año pasa la mayor parte del tiempo en el hospital. Aun cuando las cosas han mejorado levemente para Joanna, necesita un contrato de trabajo con todas las de ley. Cruzó el charco en condición de turista. Le han aconsejado que espere para regularizar su situación. "Sí, me toca esperar", resuelve.
"FUE UN ABUSO: ME LESIONÉ Y NO ME PAGARON LOS DÍAS DE BAJA"
María (La Virginia, Colombia, 1953) es tía de Joanna. Tiene 65 años, pero asegura que se siente "ágil". En julio alcanzará los siete años de residencia en Jaén. Ya cuenta con la doble nacionalidad. En este tiempo ha trabajado en Villargordo tres años y medio; en Rus, cinco meses y una semana, y ahora está en Peñamefécit. Siempre con la misma misión, atender a los mayores que no cuidan (porque no pueden o porque no quieren) los españoles.
La peor experiencia la pasó donde más tiempo estuvo, en Villargordo. Cuenta que cuidada a una "abuela" de 79 años. Entró sin contrato de trabajo. Le pagaban 800 euros al mes por 24 horas de atención. Estaba dada de alta solo dos horas al día, y libraba un día a la semana. Según denuncia, la explotación laboral tiene sus propias matemáticas. El ritmo de trabajo la privó, como en el caso de su sobrina en Canena, incluso de salir a caminar. Si lo hacía, tenía que ser en compañía de "la abuela". "Me encontré una persona triste, pero yo la desperté. La puse más feliz", dice.
Todavía le duele. No la cadera, que ya está bien. Pero sí algo que sintió como una traición. Ocurrió el 17 de septiembre del año pasado, un día de tantos en que la cuidadora bajó las escaleras del piso para coger el pan, que siempre lo dejaban colgado en la puerta. La mujer se resbaló en las escaleras, cayó de espaldas y se lastimó en la cadera y en el codo. Cuando le contó a la abuela qué le había pasado, con sangre en el codo, se fue al Consultorio Médico. Allí le dijeron que no se preocupara, que solo era un golpe muscular. María fue precavida.
Al día siguiente, se fue con la mujer que cuidaba hasta Jaén para que la vieran en el Hospital Princesa. Le tomaron rayos X, y le confirmaron que tenía la octava costilla fracturada. Por eso los dolores, la imposibilidad de agacharse y el reto de las escaleras. Dejó de trabajar para recuperarse. Regresó a casa, ya fuera de Villargordo, y pidió el pago que le correspondía. "Me hicieron la cuenta hasta el día 17 de septiembre. Y el 18 lo pagaron a la mitad, porque había estado medio día en el hospital. Aquello me dolió mucho", recuerda, y admite que esperaba la cantidad mensual íntegra, dado que la baja era evidente. El dinero, 500 euros, viajó en un sobre hasta los dominios de María. Ella mandó otra carta con cinco euros en el interior. "Me preguntaron si las cuentas estaban mal hechas. Les dije que no, que estaban perfectas. También les dije: 'Mi madre me enseñó que no coja lo que no me corresponde'. Y ahí acabamos", agrega. La familia visitó a María, siempre según la versión de ella, para interesarse por su salud y ver qué disponibilidad tenía. Todavía la llaman para que regrese. Pero ha dicho que no. Que no es no.
LA HOAC Y CÁRITAS, ALTAVOCES CONTRA LA PRECARIEDAD
Isabel Mateos es la presidenta de la HOAC en Jaén. La jiennense supo del asunto de las empleadas migrantes a raíz de que un miembro del colectivo alertase de las "malas condiciones" que se daban en casos como los narrados anteriormente. Los datos de la HOAC indican que solo en Jaén capital hay más de una decena de mujeres explotadas en barrios como Peñamefécit y Las Infantas. "Y las que no sepamos", apunta Mateos. Atiende a este diario el lunes 15 de abril en la Estación de Autobuses de Jaén.
El perfil de las empleadas, según describe, apunta a mujeres latinoamericanas —mayoría de Colombia— entre 30 y 50 años, que llevan tiempo en España, pero que aún no han regularizado su situación. "Son emocionalmente fuertes, porque arrastran historias de vida muy duras", dice. La HOAC ha contactado con algunas de ellas e impulsó una oración el pasado sábado 8 de abril en la Parroquia San Félix del Gran Eje. Se hace los sábados porque es el día que libran las empleadas. Aquel día algunos de los asistentes portaron máscaras al estilo del personaje de V de Vendetta.
La ambición de la HOAC es visibilizar historias vinculadas a cifras elocuentes: el 90 por ciento de las trabajadores cobra menos del salario mínimo interprofesional y más del 50 por ciento tiene contratos temporales aun cuando son internas de sol a sol, de acuerdo con los datos que maneja Isabel Mateos. "En los despidos nunca hay justificación: te echan y te vas a la calle", lamenta. Hay, según dice, 600.000 mujeres empleadas en España. Solo 400.000 tienen contrato.
Cáritas ha trasladado un documento con propuestas a los partidos políticos con más representación del país. Una de las medidas es incluir a este tipo de trabajadoras en el régimen de la Seguridad Social, de manera que cobren nuevos derechos. La pelea de Cáritas no es nueva; lleva más de una década en la tarea de reconocer, con respaldo legal, el trabajo de las cuidadoras migrantes.
Recientemente, María Dolores Megina, presidenta de la HOAC en Andalucía, defendió en el pleno de Jaén una moción por el trabajo digno que fue apoyada por todos los grupos salvo por la edil no adscrita Salud Anguita. La moción entronca con la iniciativa de Iglesia Unida por el Trabajo Decente, apoyada también por Cáritas y por la Confederación Española de Religiosos. "Tenemos que denunciarlo para que la sociedad sea consciente y el Gobierno tome medidas", apunta Mateos.
La dignidad del trabajo de cuidados a mayores exige una cobertura a las empleadas igual de decente. Ese es el discurso de las protagonistas y de los colectivos que las defienden. "Hago mi trabajo con mucho amor. Ningunas de las personas que he atendido puede decir que he sido mala con ella", valora Joanna. "Yo no sé si a través de la HOAC o incluso con ustedes, los medios, se pueda hacer algo por nosotras", opina María. Hasta la fecha, solo se puede contar —y denunciar— el cuento de la criada.
Vídeo: Fran Cano.
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