La tensión política crece en el Puente de la Sierra

El concejal de Servicios Públicos, Francisco Lechuga, remarca que el Ayuntamiento trabaja en la adecuación del PGOU al decreto de la Junta que permite dotar servicios en zonas irregulares

Contestación municipal después de la última concentración y protesta de los vecinos del Puente de la Sierra por la ausencia del suministro de agua potable. El concejal de Servicios Públicos, Francisco Lechuga, recuerda en un comunicado que el Ayuntamiento trabaja para la adecuación del PGOU de 1996 al decreto 3/2109 de la Junta de Andalucía que permite dotar de servicios a zonas irregulares. "La norma no se podía aplicar hasta que no decayera el plan de 2015", insiste el edil.

La hoja de ruta del Ayuntamiento es seguir los cauces legales a fin de dar una solución definitiva a las 150 familias que llevan desde el 30 de septiembre del año pasado sin suministro de agua. El equipo de Gobierno remarca que es imprescindible el concurso de la Junta, responsable en materia urbanística, y lanza un mensaje: "La situación no es de hace un año y medio, sino de hace 60, aunque sea ahora cuando protestan los vecinos", esgrime Lechuga.

Las tres acciones de protesta que ha desarrollado la asociación Puensi entre finales de septiembre y el jueves pasado, cuando de nuevo hubo concentración en la Plaza de Santa María. Además, el asunto acumula munición política, dado que VOX presentó una moción en el último pleno que fue rechazada por el PSOE, Ciudadanos y Jaén Adelante. La moción pedía al Ayuntamiento el compromiso de abastecer de agua potable a la urbanización con la red ya existen en un plazo de 45 días.

Lechuga también carga contra la federación OCO, que ha respaldado las acciones de protesta y ha pedido los pertinentes permisos a la Subdelegación del Gobierno. "No se han molestado en reunirse con el equipo de Gobierno para conocer la situación de esta zona y sus circunstancias", señala el edil. En OCO son conscientes de que las concentraciones y la caravana de coches no sentaron nada bien al Gobierno local.

SIN CONCESIÓN ADMNISTRATIVA SOBRE EL POZO

Por su parte, Antonio Carrillo, vicepresidente de 'Puensi', ya expresó en declaraciones a este periódico que las críticas vecinales no atienden a motivos ideológicos o partidistas, sino que expresan el malestar por un conflicto que sigue abierto. Paco Ramírez, presidente de la asociación vecinal, también remarcó la dificultad que atraviesan las familias sin ningún suministro alternativo con la llegada del invierno.

No hay en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir "ni un sólo documento" que indique que el Ayuntamiento haya tenido ni tenga concesión administrativa sobre ese pozo. Lechuga sostiene que la inversión de 1,5 millones de euros que el Ayuntamiento hizo en anteriores mandatos para llevar agua de la red general a la zona se hizo prescindiendo de procedimiento administrativo por completo. "Sin que ahora haya autorización de la Junta expresa, que es una petición que se ha cursado desde el Ayuntamiento y también se ha pedido a los vecinos que formulen, el Consistorio no puede ni debe acometer por su cuenta la autorización de nuevos enganches”, resuelve.