Acabar con la relación con Castillo está en manos de la oposición

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Jaén apela a la responsabilidad de todos los concejales de la oposición para sacar el acuerdo adelante

PP, Vox, Podemos Jaén y los tres concejales del grupo no adscrito en el Ayuntamiento de Jaén tienen la llave de acabar con sesenta años de relación con la empresa Herederos Castillo. Ellos serán los que den el visto bueno (o no) al acuerdo alcanzado por el equipo de Gobierno para finalizar la vía judicial, evitar futuras reclamaciones, y dar carpetazo a una relación que se arrastra desde hace años.

Varias han sido las voces de la oposición que han sonado en contra del acuerdo anunciado y que supone pagar una indemnización de 3,8 millones de euros a Herederos de Castillo, además de que Alsa abonará 1,6 y el Ministerio de Fomento 1,5 millones de euros en el marco de las ayudas Covid-19. PP y los ediles no adscritos han criticado las partidas que se deben abonar, en el caso de los populares que alertan que el Ayuntamiento deberá asumir, en los próximos 40 días, tres pagos que suman más de 6 millones de euros. "A todo esto, se suma el incremento tarifario que se deberá asumir con el nuevo contrato, que supondrá en torno a 2 millones de euros como consecuencia de la subida del 20%", alertan los populares. 

Los concejales de Presidencia y de Control de Servicios Públicos, África Colomo y Francisco Lechuga, respectivamente, han comparecido en rueda de prensa para desmentir estas afirmaciones y hacer un llamamiento a la responsabilidad a todos los ediles de la oposición, sean del partido que sean, para sacar adelante un acuerdo que ha sido analizado en tres comisiones en las últimas 24 horas, entre ellas la de Transparencia. El gobierno local recuerda que el acuerdo con Castillo es la salida definitiva a la empresa del servicio y lamenta que el PP "manipule" las cifras sin valorar que la situación es resultado del "desorden" de sus años de mandato.

Ambos han recordado que la cantidad que solicitaba Autobuses Castillo era de 12 millones de euros, cinco de ellos por lucro censante. Finalmente, han sido 3,8 millones de euros que llevan como condición el pago de las dos nóminas atrasadas y que asciende a unos 200.000 euros, como ha detallado Lechuga. El acuerdo, que será sometido a votación en el pleno del próximo viernes, permite cerrar la vía judicial, evitar cualquier futura reclamación y que Castillo pueda volver a prestar el servicio de autobús urbano sin pasar por licitación.

Colomo ha reiterado que el equipo de Gobierno no desiste de la vía judicial en caso de que el pleno no rubrique el próximo viernes este acuerdo, pero recuerda que esta vía “de la que estamos plenamente convencidos de que nos daría la razón en la línea en la que ya lo han hecho el Consejo Consultivo y el juzgado en primera instancia sería más larga en el tiempo, no permitiría desarrollar la hoja de ruta en el nuevo servicio, además de que no garantiza en ningún caso que los costes legales y la indemnización de este proceso fueran incluso mayores que el acuerdo al que se ha llegado.