Dos años y una proposición sin cumplir

La sección sindical de CSIF de Salud Responde continúa defendiendo la necesidad y la urgencia de que se garantice el respeto a los derechos de los trabajadores 

El 9 de junio de 2016 se aprobó en el Parlamento Andaluz una proposición no de ley en la que se le instaba al Gobierno andaluz a que tomase las medidas necesarias con carácter urgente para que la gestión del Servicio Salud Responde sea prestado directamente por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Se rechazaba, pues, la prestación por empresas privadas de telemarketing. Además, vieron la luz verde mociones como la presentada en el Ayuntamiento de Jaén, y un informe del Defensor del Pueblo Andaluz demandaba a la Junta al rescate del servicio. Sin embargo, más de dos años después, la situación sigue igual. 

Así se lo han hecho llegar representantes de la sección sindical de CSIF en Salud Responde durante la reunión con Mónica Moreno, candidata al Parlamento de Andalucía por Jaén, y María Cantos, coordinadora de Ciudadanos ciudad de Jaén. Ellas se reafirmaron en el apoyo a los puntos de la moción aprobada en el Parlamento en este mes de mayo, mientras que los trabajadores expresaron sus desesperación. 

En este sentido, la sección sindical de CSIF continúa defendiendo la necesidad y la urgencia de que se garantice el respeto a los derechos de los trabajadores que incluyen en los pliegos por parte de la empresa, como viene indicado en el punto primero de la moción aprobada. “Sería de recibo que la empresa Ilunion trate a sus propios empleados como viene indicado en los pliegos de condiciones, pero ya que no lo hace, al menos que lo cumpla tras la aprobación de la Moción vinculante”, manifiestan los delegados de CSIF. Según se aprobó, si esta empresa o cualquier otra futura empresa que gestione el servicio no los cumple, la Junta rescataría el servicio automáticamente; por lo que la Administración debe estar vigilante a las actuaciones de Ilunion.  

El sindicato lamenta que hayan pasado dos años y medio desde la aprobación de la Proposición no de Ley en el Parlamento y casi medio año desde la aprobación de la moción y la Junta de Andalucía "no haya puesto interés alguno" para que sean de obligado cumplimiento.