LA BASÍLICA DEL CERRO, A LA PALESTRA

La exhumación de Franco del Valle de los Caídos y las demandas para repetir en el Alcázar de Toledo y la basílica de la Macarena devuelven a la actualidad la cripta y el cementerio del Santuario y la simbología franquista presente en el entorno del templo de La Morenita 

Si edificios, templos o cementerios hablaran no con su clamoroso lenguaje arquitectónico sino con palabras humanas, puede que, estos días, lo que más se saliese de sus venerables bocas fuera una de esas sentencias milenarias que no pierden vigor por mucho que el tiempo las cargue de años, todo lo contrario: a más solera, más calidad, como los buenos vinos. Barbam propinqui radere, heus, cum videris, prabe lavandos barbula prudens pilos (hablando en plata, cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar).

Y es que la reciente exhumación de Francisco Franco de su tumba del Valle de los Caídos y posterior inhumación en el madrileño camposanto de Mingorrubio después de cuarenta y cuatro años de descanso (de todo, menos eterno) ha servido, además de cumplir una Ley de Memoria Histórica cuando menos polémica, para que a más de uno se le pase por la cabeza si no será esta la primera ficha de un efecto dominó que, sobre el mapa de España, terminará tirando también hitos de la dictadura con los que la normativa vigente no había podido... hasta ahora.

Para muestra, un botón: nada más conocerse que los restos del general gallego abandonarían su sepultura camino del panteón familiar de El Pardo, la polvareda mediática se extendió hacia otros puntos de la geografía nacional y colocó en el 'punto de mira' espacios tan emblemáticos del franquismo como el mismísimo Alcázar de Toledo, donde reposan los cuerpos de los generales Moscardó (protagonista de la defensa de la fortaleza) y Milán del Bosch, quien además de tomar parte en el célebre episodio toledano allá por 1936 pasaría a la historia reciente de España como uno de los militares protagonistas del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

No en vano, Izquierda Unida en Castilla-La Mancha reclamó hace pocos días, en plena resaca de la exhumación, que tanto Moscardó como Milán sigan el destino de Franco.

Y no solo la fortaleza de la antigua ciudad imperial, no; la sevillana basílica de la Macarena aparece también en la 'lista' de firmes candidatas a manchar de polvo mantos y altares a cuenta de las obras necesarias para desalojar de su suelo sagrado a un huésped tan controvertido como Gonzalo Queipo de Llano, por más que, eso sí, las reiteradas demandas de grupos republicanos lo despojaran de los símbolos que, sobre su lápida, evidenciaban su relación con la dictadura y lo presenten, a día de hoy, únicamente como hermano mayor honorario de la Hermandad de la Esperanza. 

UN 'VALLE DE LOS CAÍDOS' EN JAÉN

Pero aún hay más... y en plena provincia de Jaén. Sí, allí donde cada último domingo de abril acuden miles de personas, desde hace alrededor de siete siglos, para rendirle devoción a La Morenita, se vivió también un episodio bélico que figura en los anales de la Guerra Civil Española y cuya memoria capitaliza el recinto del cerro: el asedio al Santuario de la Virgen de la Cabeza.

Nueve meses de resistencia por parte de un par de centenares de guardias civiles capitaneados por el valdepeñero Santiago Cortés que, acompañados de sus familias, terminarían sucumbiendo, en muchos casos, a los ataques de las fuerzas republicanas y convertidos en héroes, hasta el punto de ser enterrados en el mismo escenario de su muerte rodeados de elementos y símbolos que, a día de hoy, chocan de pleno con la normativa vigente. 

He aquí la controversia. En tanto se discute y se debate, a diario, qué se debe hacer con la basílica de Cuelgamuros una vez exhumado Franco; con el Alcázar de Toledo en la palestra y el templo de la Macarena adornado de pintadas contra Queipo de Llano, que el complejo iliturgitano se sitúe también en la primera línea de la polémica puede ser cuestión de tiempo.

Antecedentes hay para pensar en ello sin que resulte peregrino; sin ir más lejos, en 2015, el historiador, escritor e investigador Santiago de Córdoba presentó ante el Ayuntamiento de Andújar un escrito en el que solicitaba, textualmente, a tenor de lo "establecido en el artículo 29.1 de la Constitución Española, en aplicación del artículo 15.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecuciones o violencia durante la guerra civil y la dictadura, la adopción inmediata de las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura (Art. 15), así como lo que se ordena en los artículos 16 y 17 del mismo precepto legal". 

Se refería De Córdoba a los 567 elementos franquistas que, tras cuatro años de investigación, logró registrar en sus cuadernos de trabajo, germen del documento presentado ante el Consistorio, en el que no se olvida del espacio destinado a sepultura de los protagonistas de la defensa de la iglesia que alberga a la patrona de la Diócesis de Jaén: "La Cripta de Cortés y el Cementerio del Santuario, 'Monumentos a los Caídos en defensa del Santuario', junto a otros veintidós hitos franquistas levantados en el perímetro urbano del Santuario de la Virgen de la Cabeza, hacen del mismo otro Valle de los Caídos", concluye el investigador.

Para más inri, Santiago de Córdoba constata que tales recintos funerarios fueron construidos "mediante trabajos forzados de un Batallón de presos republicanos (1940-1945), bajo la Dirección General de Regiones Devastadas", un extremo este que, para muchos, emparenta aún más el Santuario de la Virgen de la Cabeza con el Valle de los Caídos y que justificaría su resignificación.

"SIMPLEMENTE, CUMPLIR LA LEY"

Al respecto de una posible intervención para despojar el Santuario de la Virgen de la Cabeza y su entorno de todo significado que remita al régimen anterior a la democracia, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en la provincia, Miguel Ángel Valdivia, lo tiene claro: "Simplemente, hay que cumplir la ley española de 2007 y la de 2017 de la Junta de Andalucía y eliminar todo vestigio franquista en los monumentos públicos donde los haya".

De esa eliminación de carácter preceptivo, en palabras del responsable de la asociación, no debería librarse tampoco el camposanto donde reposan los restos de los protagonistas del episodio bélico: "Eso es una cosa que tienen que ver el organismo correspondiente que tenga potestad sobre el edificio junto con la familia, pero sí, estas personas deberían de ir a los lugares donde los familiares digan y reunirse con sus familiares". Y añade: "Es el organismo estatal, ya sea Gobierno de España, Junta de Andalucía o Ayuntamiento, quien tiene que ponerse en contacto con los familiares y llegar a un acuerdo como se ha llegado en el tema de Franco".

Este periódico ha intentado contactar, sin éxito, con la administración local iliturgitana para conocer si existe, a día de hoy, alguna previsión institucional al respecto por su parte o tuviera conocimiento de futuras intervenciones a impulsos de la oficialidad estatal o autonómica.

En cuanto a la comunidad trinitaria, que llegó al santuario en 1930 y que atiende el culto en la basílica, ante la imposibilidad de conocer la opinión de su rector actual, uno de los monjes, fray Gregorio (prefiere omitir su apellido), no rehúye la pregunta y, en una suerte de espontánea portavocía, manifiesta una opinión distinta a la que expresan los partidarios de cumplir la Ley de Memoria Histórica hasta sus últimas consecuencias: "Está mal hecho, hay que dejar las cosas como están y olvidarse, no como si estuviéramos otra vez en guerra, hombre", apostilla, tajante. 

LA OPINIÓN DE LA FAMILIA

En el complejo del cerro del Cabezo fueron enterrados, según consta en la documentación consultada por Santiago de Córdoba, "veintidós menores, veinticuatro mujeres, diecinueve paisanos, tres de Seguridad y Asalto, tres de Carabineros y setenta y siete guardias civiles”. Según fray Gregorio, el cementerio no se ha tocado después. A estos restos humanos se unen los depositados en la cripta, en cinco tumbas en las que reposan Santiago Cortés González, Manuel Rueda García y Francisco Ruano Beltrán (guardias civiles), Juan Porto Gallego (carabinero) y Carlos Haya González (de Aviación). En la sepultura del capitán Cortés descansan además su viuda, Dominga Camacho, y uno de los hijos del matrimonio, Juan Pedro Cortés Camacho, superviviente del asedio, que vivió con diez años de edad. 

El caso de Franco puso de manifiesto las reticencias de su familia ante la exhumación del Caudillo, que intentaron evitar por los medios legales a su alcance sin que, finalmente, surtieran efecto, al menos hasta el momento. Otra cosa será el futuro dictamen que emita el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, al que los descendientes del general aseguran que apelarán con vistas a restituirles los derechos que, según han manifestado públicamente, consideran vulnerados. 

Los Cortés, sin embargo, y nunca mejor dicho, creen que esta no es su guerra, a tenor de las declaraciones que uno de los nietos del capitán de la Guardia Civil, Juan Pedro Cortés Martínez de Carvajal, ha realizado a este periódico: "No hay posibilidad, porque mi abuelo nada tiene que ver con el franquismo; no hay posibilidad de que exhumen a mi abuelo, como no le han quitado las calles de España, porque mi abuelo, para empezar, era monárquico; no fue un hombre que se significara por ser de un régimen, no mató a nadie ni nada por el estilo, se refugió en un sitio porque estaban matando guardias y quemando iglesias, nada más". 

Eso sí, preguntado por una hipotética intervención en el santuario, Cortés no tiene pelos en la lengua: "A ver si son capaces de desmantelarlo, porque con la exaltación que hay a la Virgen de la Cabeza..., no vuelven a ganar unas elecciones en Andalucía".

El nieto del capitán, como él mismo afirma, no dudaría en trasladar los restos de sus ascendientes si, como ha ocurrido en el Valle de los Caídos, la Ley le obligara a exhumarlos: "Si en algún momento tuviera que sacarlo, lo llevaría a otro lugar santo y hemos terminado, yo no iba a meterme en política ni en exaltaciones que ni iban con mi abuelo, ni iban con mi padre ni van conmigo".

Cortés Martínez de Carvajal insiste, en cualquier caso, en que es la Benemérita la principal interesada en mantener intacta la memoria de sus componentes caídos en el santuario, por "una cuestión de honor": "Primero está la gesta de la Guardia Civil, si hay alguien que se siente orgulloso de esto es ella". En este punto, el nieto de Santiago Cortés resalta la vinculación entre su abuelo y el Instituto Armado, que, asegura, alumbró incluso alguno de los lemas del cuerpo: 

"Uno de los emblemas de la Guardia Civil, aparte de El honor es mi divisa, es La Guardia Civil muere pero no se rinde. Franco pidió a mi abuelo que rindiera el santuario; no le interesaba que Queipo de Llano tuviera su Alcázar, porque él ya tuvo el suyo, nueve días en vez de nueve meses. Entonces mi abuelo recibió un mensaje de Franco, que prácticamente no era nadie, era un general más, no era más que Queipo incluso, y le dijo: Rinda el santuario".

Cortés continúa: "Queipo de Llano había jurado y perjurado (y eso lo he vivido yo con la familia de Queipo, que ha llorado en mis brazos) ir a liberar el santuario por su honor, Franco pasó con las tropas y se las llevó a Madrid; mi abuelo le respondió a Franco: la Guardia Civil muere pero no se rinde, y este, entonces, contestó con un telegrama, por no declararlo en rebeldía: Cortés, no rinda usted el santuario". "El honor es mi divisa, contestó mi abuelo".

MÁS ALLÁ DEL SANTUARIO

Al parecer, y tomando como base la documentación de Santiago de Córdoba, el día que la Ley de Memoria Histórica 'se ate los machos', las consecuencias de su aplicación no alcanzarían tan solo al santuario de La Morenita y a su entorno; antes bien, el investigador apunta a un alto número de incumplimientos institucionales mucho más abajo, a pie de ciudad.

Así, el historiador iliturgitano remite a "dos grandes placas situadas en el barrio de la Plaza de Toros, en piedra artificial adornada con el símbolo de la Falange (el yugo y las flechas) y del sindicato vertical CNS; seis calles y un monolito con nombres de personas franquistas representativas del Movimiento Nacional; dos de alcantarillas con leyenda y el escudo falangista; dos calles rotuladas en cerámica con la simbología falangista y del Sindicato Vertical conjuntamente; veintiséis placas de calles y plazas rotuladas en cerámica con la simbología de varios gremios del Sindicato Vertical CNS; 197 placas metálicas del INV con el yugo y las flechas de la Falange; dos colegios públicos con nombres de golpistas representativos de la Guerra Civil y de la dictadura, Capitán Cortés y José Ruiz de Gordoa; una placa de mármol en la Plaza de Andalucía de Los Villares recordando la visita de Franco, y una cruz de los caídos en el mismo poblado", detalla.

Tristes guerras, si no es amor la empresa, escribió Miguel Hernández. Ochenta y tres años después de aquel episodio, en el que también estuvo presente el autor de las Nanas de la cebolla, por entonces adscrito a un periódico de guerra con sede en la capital jiennense, puede que detractores y partidarios de lo que representa uno de los recintos más emblemáticos de España más allá de su condición religiosa vuelvan a asumir esos viejos papeles, unos en el lado del 'asedio' y otros, en el de la 'defensa'.