Piden tres meses de prisión para 20 militantes del SAT

Los miembros del sindicato han sido juzgados por la ocupación del 'Cerro Libertad' y aseguran que van a recurrir la petición de pena y exigen a la Junta de Andalucía que cumpla "las leyes"

Una veintena de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores se han sentado, esta mañana, en el banquillo de los acusados por "usurpar y dañar" la finca del Aguardentero, propiedad del BBVA, y denominada, tras la ocupación por parte de sindicalistas, 'Cerro Libertad'. A las puertas del Juzgado número 2 de Jaén, medio centenar de miembros del SAT y simpatizantes se han personado para mostrar su "total apoyo" a los 20 compañeros juzgados, aunque solo han entrado al juicio una decena de ellos.

En el juicio, la acusación particular, el BBVA, y la Fiscalía han solicitado tres meses de prisión para los 20 acusados, conmutables por una multa de 270 euros. Una petición que desde el sindicato ven injustificada y que recurrirán. "Afrontamos este juicio tal y como hemos actuado hasta ahora, vamos a seguir trabajando por el 'Cerro Libertad', limpiando los olivos, cultivando y defendiendo la ley", ha asegurado Curro Moreno, portavoz del SAT en Jaén y que ha denunciado la actitud de la Junta de Andalucía. "La Junta no puede sacar leyes y, después, ella misma cargárselas en la práctica", ha afirmado en referencia a la Ley de Reforma Agraria de 1984, que dicta que los terrenos abandonados durante más de dos años deben pasar a cumplir una labor social.

LA OCUPACIÓN

Y es que, tal y como explica Moreno, en 'Cerro Libertad' se han recuperado más de 1.000 olivos de los más de 6.000 que tiene la finca, con 65 hectáreas de olivar de regadío, propiedad del BBVA y en visible estado de abandono. "Nosotros hemos arreglado el cortijo, hemos adecentado la tierra para poder cultivar y hemos recuperado los olivos, que, cuando se recuperen todos, pueden dar trabajo a una decena de familias". La finca del aguardentero fue ocupada por más de 200 personas el pasado 1 de abril, justo cuando se cumplía un año del ingreso en prisión del sindicalista Andrés Bódalo. La ocupación suponía la primera acción del SAT desde el pasado verano, cuando reocuparon la finca pública Somonte, propiedad de la Junta de Andalucía, en la localidad cordobesa de Palma del Río.