SILENCIO DE LEY

Operadores judiciales de Jaén rompen el silencio y subrayan aspectos polémicos de la Ley contra la Violencia de Género: sostienen que "vulnera la presunción de inocencia" y genera "inseguridad jurídica"; contamos la labor del Instituto Andaluz de la Mujer y el caso de un jiennense con la sentencia de custodia compartida

"Estamos matando moscas a cañonazos". "Se están cometiendo atrocidades como vulnerar la presunción de inocencia". Son algunas de las oraciones que pronuncian letrados de la provincia cuando subrayan las, a su entender, debilidades de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004 con el Gobierno de Zapatero y modificada en agosto del año pasado. Desde la reforma en 2004 del artículo 23, la citación para un caso de violencia machista puede proceder de un empleado de servicios sociales. De hecho, el informe prevalece sobre una sentencia. Es la (gran) crítica que subrayan desde el ámbito: "¿Tiene más credibilidad un informe procedente del Instituto de la Mujer que una sentencia de un juez?", cuestionan.

"Hay más medidas que nunca en España para defender a la mujer. Y es positivo", señala una letrada de Jaén que prefiere mantenerse en el anonimato. El machismo existe, está aún vivo y tiene consecuencias fatales: hasta septiembres de 2019 han sido asesinadas 46 mujeres por violencia de género en España, según el último balance del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. En el último mes, septiembre, murieron cuatro a manos de sus parejas.

En Jaén capital y en el resto de la provincia, cuenta la abogada, hay "muchas" denuncias por este tipo de violencia. "Cuando estamos de guardia, violencia de género es especial dentro del turno de oficio. Raro es el día que no nos llaman", dice. Desde la denuncia, esa situación ya se contabiliza como 'denuncia', independientemente de si más tarde se demuestran o no los hechos.

EL PROTOCOLO A PARTIR DE LA DENUNCIA

El protocolo tras la denuncia de una mujer por violencia machista parte de una primera medida: el presunto agresor pasa la noche en el calabozo. La víctima declara ante la Guardia Civil o la Policía Nacional. Los agentes están en contacto con el Juzgado de Guardia, lo llaman y es el juez quien decide si el investigado duerme privado de libertad.

Después, el abogado del turno de oficio atiende a la víctima, y otro hace lo propio con el agresor. Al día siguiente tienen que declarar en los juzgados. "Lo hacen los dos en ámbito privado, e incluso si hay más testigos, también lo hacen. A la vista de todas las declaraciones, el juez adopta sobre la marcha si son necesarias medidas de protección. Emite el auto y decide qué medidas se toman", continúa.

Entre esas medidas están, por ejemplo, determinar qué sucede con los hijos y si él, investigado, es puesto en libertad antes del juicio o entra enseguida en prisión. El juicio se celebrará, en función de la instrucción, días, meses o incluso más de un año después.

MIGUEL LEMUS, ABOGADO: "¿CUÁNTAS PERSONAS MUEREN POR SER CONDENADAS INJUSTAMENTE?"

¿Son las medidas desproporcionadas? El jiennense Miguel Jesús Lemus Ortega, abogado desde 2002, con experiencia en el turno de violencia de género, es taxativo ante la pregunta: "Las medidas son, en algunos casos, desproporcionadas en relación con los hechos que se enjuician. Ocurre que un delito inicial como mínimo cuestionable da pie a la acumulación de otros por, por ejemplo, quebrantar la orden de alejamiento", expresa. "Nos podemos encontrar que el acusado sea absuelto del primer delito y por el resto, que son posteriores, salga condenado", describe.

Es 2 de octubre de 2019, y Lemus atiende a este diario en el despacho de abogados donde trabaja, en el Paseo de la Estación de la capital. "Se están imponiendo medidas de restricción de libertad con hechos que no son acordes ni proporcionales a las medidas que luego se le imponen por parte de los juzgados de violencia de género", abunda.

Lemus no esperaba la sentencia que el Juzgado de Lo Penal número 4 de Jaén dictó contra su cliente, D., vecino de un municipio de la provincia, el pasado 16 de septiembre: cuatro años y nueve meses de prisión como autor de cinco delitos, dos de amenazas (leve y agravada) y tres por quebrantamiento de condena.

La defensa no tuvo tiempo de recurrir la sentencia, porque D. se quitó la vida al día siguiente de serle notificada la sentencia condenatoria. El caso es la historia de un hombre con adicciones que llegó a vivir en tiendas de campaña y en pisos sin las mínimas condiciones de habitabilidad debido a las sucesivas órdenes de alejamiento a raíz de una relación que él y su defensa negaron como estable. Los hechos ya han sido probados, si bien Lemus remarca que es un ejemplo de "la desproporción de las penas".

De acuerdo con la cronología del caso que recoge la sentencia, el 19 de julio de 2018 D. se encontró en la calle con su expareja, con la que no tiene hijos en común, y le dijo: "Eres una puta, estás con otro tío, hija de puta, me la tienes que pagar". Lo dijo alterado y haciendo aspavientos con las manos. El día siguiente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén dictó una orden de protección que prohibió al acusado acercarse a su expareja a una distancia inferior a 30 metros, así como comunicarse con ella por cualquier medio.

El 23 de julio, D. encontró a la mujer sentada junto a la vivienda de la hija de ella. "Todo lo que me estás haciendo me lo tienes que pagar", le dijo él, y la reacción de la mujer fue refugiarse en la casa mientras D. continuó con las voces. A raíz de este hecho, el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén dictó un auto, con fecha 24 de julio, y agravó la medida de alejamiento a 100 metros de distancia.

El tercero de los hechos probados ocurrió el 4 de septiembre de 2018 sobre las 14:40 horas. D. se acercó a la casa de la hija de la denunciante, y con la primera en el interior del domicilio, él dijo "que era muy mala y que no lo hiciera caso". "No hay conversación ni contacto visual entre ambos. Se supone que ha oído eso y que él lo ha dicho porque sabe con certeza que ella, la denunciante, está en la casa. Es muy frágil como prueba de cargo", señala el abogado.

Cinco días después, el 9 de septiembre, el acusado se acercó a la mujer en la calle donde ella vive y la sujetó del brazo para hablar, pero la denunciante se marchó a su casa. Al día siguiente, el 10 de septiembre, D. se dirigió a la vivienda de la hija de su expareja, «con total conocimiento de que estaba en el interior» e insistió en hablar de nuevo con ella, pese a la vigencia de la medida de prohibición.

En el juicio, que se celebró prácticamente un año después de los hechos, la defensa del acusado negó que hubiera relación estable de pareja entre D. y la denunciante. "Él sólo admitió encuentros puntuales", defiende Lemus. "La prueba pura y dura del juicio, celebrado el 9 de septiembre, fue la declaración de la denunciante y la de su hija, que sólo testificó sobre uno de los delitos, y la de mi cliente", expresa. Y remata sobre una sentencia que, evidentemente, respeta: "Avala la tesis de que por la mera manifestación de la denunciante, cuando se dan una serie de requisitos, hay credibilidad suficiente en los hechos denunciados".

La sentencia no es firme. Ni siquiera está aún en fase de recurso. Tampoco se podrá hacer, pues el condenado ha fallecido.

EL TRABAJO DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER EN JAÉN: "HAY ASESINATOS DE MUJERES POR SER MUJERES"

María José de la Torre, asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Jaén, cuenta que los 21 centros repartidos por la provincia han atendido a 5.300 mujeres jiennenses en el primer semestre de 2019 por violencia machista. De la Torre explica que la Junta de Andalucía tiene un objetivo: aumentar el número de centros en la región.

El número de atención a la mujer que facilita el Gobierno autonómico es el 900/200/999. En los seis primeros meses de 2019 ha recibido más de 1.000 llamadas en Jaén. La terapia psicológica destinada para hijos e hijas ha aumentado un 49%, y han sido atendidos 91 menores. La atención está dirigida desde los 0 hasta los 14 años.

De la Torre recuerda que el verano pasado una mujer fue asesinada por su pareja en el barrio de Santa Isabel de la capital. "Hay asesinatos de mujeres por el mero hecho de ser mujeres", lamenta en conversación telefónica con este diario. No cabe duda, sostiene, que el machismo persiste. "Todavía hay que combatirlo. Si se habla de emergencia feminista es porque la lucha es diaria y constante", apostilla.

El centro provincial del IAM está listo para ayudar a una mujer víctima de violencia machista ya sea por el recurso de la vía urgente —con el teléfono antes citado— o directamente acudiendo al centro. La coordinación con los Cuerpos de Seguridad del Estado es total, de manera que si el riesgo es extremo, la mujer será rápidamente atendida. "En los casos de emergencia, si el agresor vive en la misma ciudad, la mujer pasa a otro centro de otro municipio", puntualiza.

El equipo básico que atiende a cada mujer está integrado por un psicólogo, un asesor jurídico y un trabajador social. Una vez ella está en la casa de acogida, el itinerario persigue otro objetivo: la autonomía, la independencia laboral.

Sobre la existencia de denuncias falsas, De la Torre remarca que, de acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial, están por debajo del 1%. "El protocolo cuando se atiende un caso de violencia machista es férreo, porque hay situaciones muy serias", manifiesta.

EL CASO DE UN PADRE CON LA SENTENCIA DE CUSTODIA COMPARTIDA

"Vulneraron mi presunción de inocencia: esta ley atenta contra el artículo 14 de la Constitución". Habla Primitivo, jiennense, que asegura haber vivido un infierno tras la ruptura con la madre de su hijo, que data de comienzos de octubre de 2017: "Pasé una noche en el calabozo y no hice nada. Yo fui vejado antes cientos de veces, y lo tengo todo grabado", resume en conversación con este periódico.

La sección tercera de la Audiencia Provincial dictó el sobreseimiento del caso el 6 de junio de 2018. El auto recoge que la denuncia por malos tratos realizada por la expareja de Primitivo en la Guardia Civil fue el 26 de marzo y señaló el día de las supuestas agresiones el 23, tres días antes. El parte de lesiones habla de "pequeñas escoriaciones en antebrazo derecho, hematomas en rodilla derecha suprarotuliano y en rodilla izquierda en fase de resolución"; "lesiones que parecen más bien compatibles con una caída, pues ambas rodillas tenían hematomas", según recoge el auto.

Un informe médico forense dictamina lo siguiente: «No se podía acreditar que la fecha de las fotografías coincidían con la fecha de producción de las lesiones; y sobre dichas lesiones en sí, se concluye, que son compatibles (en su mayoría) con contusión».

Primitivo presentó la demanda de medidas sobre Hijos de Uniones de Hecho el 16 de octubre de 2017, y una sentencia del 21 de marzo de 2018 dictaminó la sentencia de la custodia compartida.

Un informe de un psicólogo que forma parte de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto Medicinal Legal de Jaén concluye acerca de la expareja de Primitivo: «No se aprecia que la explorada sufra alteraciones psíquicas compatibles con un proceso de habitualidad en el maltrato, y sí, por el contrario, rasgos de personalidad histriónica y ciertas dificultades psicológicas, que podría ocasionar reacciones emocionales en su comportamiento y/o heteroagresividad en el mantenimiento de relaciones interpersonales».

Primitivo también fue examinado. Según el mismo informe, no se detecta alteración mental ni personalidad susceptibles de modificar su capacidad de control de impulsos ni agresividad. En definitiva, no hay indicios suficientes que prueben la existencia de un delito de malos tratos.

Pero la historia continúa. "Lo mío es una locura", dice. El hijo de Primitivo estuvo a punto de morir, ahora es parapléjico como consecuencia de un accidente de tráfico, con la madre al volante.

Primitivo llama la atención sobre el difícil acceso a los datos de las denuncias falsas. De acuerdo con la memoria de la Fiscalía General, entre 2009 y 2016 se contabilizaron 1.055.912 denuncias por agresiones a mujeres en España. Del total, en 79 casos se probó y se ejecutó una condena por denuncia falsa, una cifra que representa el 0,0075 por ciento. "Hasta mujeres que abanderan la causa feminista saben que casos como el mío son una barbaridad", opina.

No todos los letrados —hombres y mujeres— con los que ha hablado este diario respaldan con nombres y apellidos sus opiniones sobre la Ley de Violencia de Género. "Si lo decimos en público, ya vienen con que somos de Vox. Esto tiene que parar, pero nadie quiere ponerle cascabel al gato", señalan. El asunto es delicado, y nadie cuestiona la necesidad de proteger a las mujeres indefensas y de erradicar el machismo. "La igualdad real aún no existe", tercia De la Torre. El riesgo, señalan operadores judiciales, es que la misma ley genere un efecto peligroso: propiciar un escenario de indefensión para el hombre.