Subida de IBI para cuatro municipios, además de Jaén capital

Jaén, Albanchez de Mágina, Cazorla, Jódar y Vilches son los cinco municipios que empiezan el año con una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles

Mucho se ha hablado de la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles en la ciudad de Jaén. La revalorización catastral del 3% se suma al incremento aprobado por el equipo de Gobierno en septiembre. Pero la capital del Santo Reino no es el único municipio jiennense que ha comenzado un año con un incremento del recibo.

El total, son 71 localidades andaluzas, incluidas seis capitales de provincia, entre ellas Jaén, las que incrementan el recibo que pagan los vecinos según la revisión del catastro aprobada por el Consejo de Ministros y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado. En el caso de Jaén, la subida se aplica a Albanchez de Mágina, Cazorla, Jódar y Vilches, además de la capital.

El Consejo de Ministros aprobó, el 27 de diciembre, el Real Decreto-ley que recoge medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social. Esta medida sólo afecta a inmuebles urbanos y exige que exista una solicitud previa municipal. Previamente a la publicación de esta Orden ha sido evaluado el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la Ley. Consisten en que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor del último procedimiento de valoración colectiva de carácter general, y que existan diferencias sustanciales y homogéneas entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes.

En total hasta 1.092 municipios se acogen a esta actualización, cuya aplicación se ha hecho efectiva desde el 1 de enero de 2020. Las subidas y bajadas medias globales en conjunto alcanzan un 3%, respectivamente. El incremento máximo no supera el 5%.

El Gobierno central recuerda que en el caso de Jaén, el municipio está obligado a que se actualicen al alza los valores catastrales de sus inmuebles urbanos en aplicación del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. Esta normativa establece que se aplicará de oficio la actualización de valores catastrales a los municipios que hayan solicitado medidas de apoyo en relación con las deudas de los municipios con acreedores públicos.