LA POLICÍA LOCAL EN UNA ENCRUCIJADA

Los policías locales llevan décadas discriminados en relación con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuyos funcionarios pueden jubilarse voluntariamente a los 59 años de edad, conservando todos sus derechos. El Gobierno se comprometió, a finales de 2016, a aprobar un Real Decreto que, de aplicarse, permitirá a agentes municipales de toda España avanzar su edad de jubilación de los 65 a los 60 años. Una medida, voluntaria, a la que podrían acogerse 3.600 agentes, lo que supone un 5% de los 69.500 que componen el colectivo, según cálculos del Ministerio de Empleo y de los sindicatos, estos últimos favorables a la medida. Sin embargo, esta buena y esperada noticia, supone un nuevo reto para los ayuntamientos de la provincia de Jaén, con plantillas ya de por sí muy mermadas, en muchos casos, y que lo estarán aún más en caso de que parte de sus miembros pudieran acogerse a esta jubilación anticipada.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha dado su respaldo total y unánime a la jubilación anticipada de los policías locales, recomienda a todos los ayuntamientos que cuenten con 18 funcionarios por cada 10.000 habitantes. Alcaudete, un municipio de la comarca de la Sierra Sur, tiene una población de 10.698 vecinos y una plantilla de 14 agentes en la actualidad, por lo que no cumple, por poco, la ratio aconsejada. El problema es que seis de ellos superan los 60 años. Entrenaron en el Cuerpo con la recién estrenada democracia. A sus espaldas llevan horas y horas de trabajo en la calle, en el mercadillo, en las fiestas patronales, los partidos de fútbol, en los colegios... "Aquí hacemos de todo", señala Jesús Llera, natural de la capital que lleva diecisiete años destinado en el pueblo, donde su alcalde, Valeriano Martín Cano, está muy comprometido con la seguridad del municipio. "Es una de sus mayores prioridades y así no lo transmite cada jornada", remata el agente.

A Jesús Llera le quedan todavía muchos años de servicio, pero a sus otros seis compañeros no tanto: lo que tarde el Gobierno central en aprobar un nuevo decreto ley que permita a los agentes municipales poner fin antes a su carrera profesional. Si esto ocurriera mañana, Alcaudete pasaría de tener 14 policías a solo 8, diez menos de lo que recomienda la FEMP y la propia normativa europea. Esto significaría una merma considerable en la plantilla y, por lo tanto, en la calidad del servicio que presta a los ciudadanos. "Sería un auténtico problemón", ya que no habría suficientes efectivos para cumplir los deseos del regidor de tener el pueblo vigilado las 24 horas del día. "Tendríamos que multiplicarnos", añade con cierto respeto y temor Jesús Llera. Un escenario que haría entrar en pánico no solo a Valeriano Martín, sino al resto de alcaldes de la provincia, ya sean de municipios pequeños o de ciudades. El Ayuntamiento de Alcaudete, pensando o no en el decreto del Estado, acaba de publicar una oferta de empleo público para cubrir tres vacantes antes de la primavera, más otra de un policía que se jubiló hace un par de meses. Es decir, que afrontaría el futuro con cierta tranquilidad, gracias también a que es una de las administraciones locales mejor gestionadas y saneadas de la provincia, lo que le permite disponer de recursos económicos para hacer frente a este tipo de coyunturas.

LA CAPITAL, BAJO MÍNIMOS

No pueden decir lo mismo en otras zonas, como en la capital, donde su Ayuntamiento está endeudado hasta las cejas y el déficit de policías locales es alarmante para una población de 114.238 habitantes, según el padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2017. La plantilla está compuesta por solo 140 agentes, 60 menos del número "óptimo" y casi 90 por debajo de lo recomendado. Y a esta cifra hay que unirle los policías dedicados a la denominada segunda actividad, que son aquellos que ya no realizan labores de calle propiamente dichas.

El concejal del ramo, Juan Carlos Ruiz, se echa a temblar nada más escuchar la posibilidad de que entre en vigor el decreto del Gobierno. Para la ciudad, sería una auténtica encrucijada de difícil solución a corto y medio plazo. El propio intendente de la Jefatura, Rafael Domingo, no para de pedir más policías, no solo para llegar a un número mínimo, sino para rejuvenecer un Cuerpo envejecido. "Nos hace mucha falta savia nueva", reconoce abiertamente el edil de Seguridad Ciudadana.

No en vano, dos curvas radicalmente distintas van inclinándose cada vez más en la Policía Local de Jaén. En un parámetro ascendente se marcarían las competencias que tienen asumidas, y que han ido creciendo en estos últimos años. La ciudad ha multiplicado el número de actos extraordinarios en la vía pública, ya sean deportivos, culturales o festivos, lo que obliga a redoblar los esfuerzos sin apenas recursos humanos. Porque, en línea descendente, se señalaría, precisamente, el número de efectivos que ha ido perdiendo el cuerpo en los últimos años. En 2008, la plantilla estaba compuesta por 190 efectivos, de los 140 actuales. En una década, se ha quedado sin más de cincuenta agentes municipales.

El alcalde, Javier Márquez, ha prometido más policías. En concreto, cubrir vacantes de la escala básica por el proceso de oposición libre. El regidor destaca el incremento, en los últimos años, de medios materiales para la prestación del servicio en condiciones apropiadas como nuevos coches patrulla, motocicletas, chalecos antibalas, cascos de intervención y guantes anticorte, así como otros complementos de protección y defensa personal. Sin embargo, en cuanto a medios personales, admite que, aunque se han cubierto diversas plazas por promoción interna para distintas escalas y categorías de mando (intendente, inspector, subinspectores y oficiales), entre ellas las tres plazas de subinspector, hacen falta más.

LINARES, MÁS DE LO MISMO

La segunda ciudad en número de habitantes de la provincia sufre la misma merma de plantilla. Linares no cumple la ratio estipulada por la Unión Europea de dos policías por cada mil habitantes. La plantilla está compuesta por 72 agentes, por lo que hacen falta al menos dieciséis más para cumplir el mandato europeo y de la FEMP. No hay convocatoria de oposiciones desde 2012, cuando se incorporaron los cuatro últimos funcionarios al Cuerpo. La edad media de la plantilla es alta y en los próximos años, varios de agentes pasarán a segunda actividad -tareas administrativas- y no estarán en servicios de calle. La situación puede agravarse aún más con la jubilación anticipada de los policías locales, a la que el Gobierno central ha accedido para todos los agentes que cumplan los 60 años de edad -y a los 59 si llevan 35 años de servicio-. Con esta normativa se espera poner fin a la discriminación que sufren estos cuerpos municipales frente a otros de seguridad del Estado en cuanto a la jubilación anticipada.

Fuentes de la Policía Local reconocen que se enfrentan no a un problema de jubilaciones, sino a una cuestión más compleja: quedarse sin agentes para cumplir todas las funciones que desempeñan en la ciudad. Evitar esta situación depende de la previsión con la que actúe el equipo de Gobierno a la hora de propiciar la fórmula para cubrir vacantes. En cuanto a medios, de momento, no hay queja. Las mismas fuentes aseguran que cuentan con lo necesario para realizar sus servicios con cierta normalidad, por lo que consideran que los urgente es solucionar la cuestión de personal.

Las cifras, por tanto, son contundentes. Y todavía se vaticinan peores cuando se publique el nuevo decreto ley que equiparará la jubilación de los policías locales de España a los de otros cuerpos de seguridad. La denominada Ley Montoro es fundamentalmente la culpable, ya que limita muchísimo la capacidad de los ayuntamientos para incorporar nuevos trabajadores cuando se producen bajas o jubilaciones. Esta norma afecta a todos los cuerpos municipales y todos están mermados.

Por todo ello, los ayuntamientos consultados por este medio, sobre todo los más pequeños, piden a Madrid que se autorice la contratación de nuevos policías locales por encima del 100% de reposición, para garantizar así el cumplimiento por parte del Cuerpo de todas las competencias asumidas en la actualidad. El Gobierno estatal traslada un mensaje de prudencia a los agentes a la hora de autorizar estas jubilaciones de forma inmediata y masiva, puesto que existe el riesgo de que las plantillas se vean excesivamente mermadas de un día para otro, en caso de que no se llegue a tiempo para que ese personal pueda ser reemplazado en número suficiente, algo que repercutiría muy negativamente en la seguridad ciudadana y en todos los servicios que presta, desde vigilancia de las calles o centros educativos hasta el tráfico de nuestros pueblos y ciudades.