Condena a cualquier agresión que sufran los miembros de la comunidad educativa

Educación se exime de cualquier responsabilidad en el caso de la agresión a un profesor de Jaén en 2016

¿VIOLENCIA EN LAS AULAS?

La Consejería de Educación defiende que ha condenado y condena cualquier tipo de agresión o acto contra la convivencia en los centros educativos dirigido hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. Así lo defiende después que Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía (APIA) haya denunciado que la Junta califica la agresión a un docente jiennense en 2016 como un suceso producido “durante el desarrollo de las funciones habituales del reclamante", tal y como se desprende del argumentario utilizado en la vista celebrada en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla.

"Andalucía es pionera en trabajar la cultura de paz y la educación para la ciudadanía, pero desafortunadamente a veces ocurren hechos que todos debemos condenar", asegura la Consejería de Educación. En el caso particular del docente que pidió responsabilidad patrimonial a la administración (concretamente 16.963,98 euros, según los datos de la Junta) por considerar que no se habían puesto las medidas necesarias para evitar una agresión, tiene una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Sevilla que desestima su petición. A ojos de la Junta, deja claro que no ha habido responsabilidad por parte de la administración educativa como tampoco por parte del centro educativo, tal y como pedía el demandante.

Educación recuerda, como hace la sentencia, que la agresión, incluida dentro del ámbito del ilícito penal, ha sido castigada por parte del Juzgado de menores, quien, asimismo, ha declarado la responsabilidad civil tanto del menor como de sus padres. Aclara que este departamento no ha declarado la existencia de responsabilidad civil de la administración, ni directa, ni solidaria, ni subsidiaria con los hechos acaecidos.

ANTECEDENTES

En 2016 se produjo una agresión física que hace poco volvió a los tribunales y está pendiente de sentencia. Un profesor de enseñanza Secundaria fue agredido el 3 de febrero de 2016 en un instituto de Jaén. Según consta en la resolución del Juzgado de Menores de Jaén, un alumno se dirigió al profesor y le amenazó diciéndole, entre otras expresiones: "Te voy a cortar la cabeza,... ten cuidado sé dónde vives, conozco tu coche y ten cuidado con la familia”. Posteriormente –sigue la sentencia–en la Jefatura de Estudios el menor propinó un puñetazo en la cara al profesor y le golpeó con una grapadora en la cabeza, causándole eritema facial por contusión y ansiedad, lesiones que curaron con la primera asistencia facultativa en 22 días, dos de los cuales estuvo impedido para sus ocupaciones habituales.

Tras la denuncia y diversas actuaciones, el 20 de septiembre de 2016 el Juzgado de Menores de Jaén condenó al joven, un menor con antecedentes por este tipo de problemas, a un año de libertad vigilada con tratamiento psicológico. Además, debía indemnizar al maestro con 1.580,48 euros. 

Tiempo después, habida cuenta de que los representantes legales del agresor no abonaron el concepto por responsabilidad civil por declararse insolventes, los servicios jurídicos de APIA trasladaron la carga a la propia Junta, responsable, a su entender, en última instancia del marco laboral donde tuvieron lugar las agresiones. El pasado 5 de octubre de 2018 tuvo lugar una vista judicial en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla. Tras esta sesión, Javier Puerto alerta de que se intenta "justificar lo injustificable". Y es que en el argumentario de la Administración autonómica, de acuerdo con los datos facilitados por APIA, se considera el suceso producido “durante el desarrollo de las funciones habituales del reclamante”. "Como si formase parte de la cotidianeidad docente el que se amenace personalmente y a la familia o se golpee", alerta el colectivo que reclama dimisiones.