El entramado de facturas del caso Matinsreg queda visto para sentencia

Nueve acusados y 20 testigos han desgranado la presunta trama de facturas falsas que supusieron un quebranto de millones de euros a las arcas municipales

El caso Matinsreg sacó a la luz un presunto entramado de corrupción que empezó a crecer alrededor del Ayuntamiento de Jaén con la llegada de la empresa de Toro, Zamora, como contratista del servicio de mantenimiento de fuentes, iluminación y semáforos, en el año 2012. A partir de ese momento, y según se desprende del informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil y del auto del juez Antonio Valdivia, a raíz de una denuncia presentada en su día por el Grupo Municipal Socialista, se tejió una amplia cadena de favores y retribuciones fraudulentas con millones de euro en juego.

La instrucción dio un vuelco tras la apertura de una pieza separada para investigar a otras dos empresas, Jofersan Aguas SL y Elecnor SA, al tiempo que pone en el punto de mira a otras ocho más que apuntan a "la posible existencia de una trama ilícita vinculada a la contratación" que hacía la Administración municipal.

Desde la concesión del mantenimiento de las fuentes ornamentales a Matinsreg, tanto PSOE como Jaén en Común cuestionaron las deficiencias del servicio y los elevados costes de los productos y de la mano de obra. Los socialistas denunciaron el sobrecoste reflejado en las facturas de productos como el cloro o los algicidas, hasta 28 veces superior a su precio real. La delicada situación económica del Ayuntamiento de Jaén provocó que una parte de las facturas presentadas por Matinsreg no pudieran ser abonadas durante el mandato de Fernández de Moya. 

Gran parte de este entramado ha sido analizado, investigado y diseccionado durante las semanas que ha durado el juicio en la Audiencia Provincia de Jaén a través de un caso que ha quedado visto para sentencia. Por el estrado han pasado nueve investigados, además de 36 testigos, en un incio, que después ese quedaron en veinte que han intentado aportar luz al proceso.

LAS ACUSACIONES

El Ministerio Fiscal se ha mantenido en su posición inicial de eximir de responsabilidad al que fuera alcalde de Jaén y secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. No ocurre lo mismo con las acusaciones ejercidas por el Ayuntamiento y el PSOE, que solicitan penas de cárcel.

Con respecto al gerente de Matinsreg, que depositó un millón de euros y "tiró de la manta", el Ministerio Fiscal solicita que se le apliquen las atenuantes de reparación del daño y confesión. Por eso, pide dos años de prisión por delito de malversación y un año y nueve meses por el de falsedad documental. Para los exconcejales Manuel García Anguita y Manuel del Moral pide ocho años de cárcal y 15 años de inhabilitación  por el delito continuado de falsedad documental en concurso con el delito continuado de malversación y de cohecho. Al técnico que firmó las facturas infladas,le pide siete años de prisión por malversación de caudales públicos y falsedad documental. En este caso retira la acusación de cohecho. También pide tres años de cárcel para la persona encargada de hacer las facturas y presentarlas en el Ayuntamiento. 

Ocho años de prisión pide el Ayuntamiento para Fernández de Moya y siete el PSOE. Lo consideran el autor de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental. Para Manuel García Anguita y Manuel del Moral, junto con el técnico municipal ha pedido once años de prisión al sumar el delito de cohecho. Además, de los 20 años de inhabilitación absoluta incluye otros siete años más de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 6.000 euros.

En lo que respecta al gerente de Matinsreg, el Ayuntamiento ha pedido que se contemplen las atenuantes de confesión y reparación del daño. Lo mismo ha solicitado el letrado del PSOE, que demanda siete años de prisión y otros tres como presuntos autores de un delito de cohecho para Anguita, Del Moral y el técnico. 

En cuanto a responsabilidad civil, el Ayuntamiento pedirá que los nueve investigados indemnicen al ayuntamiento en 3,9 millones de euros por el "quebranto real" causado a las arcas municipales.