El juez investiga a Chaves y Zarrías por una ayuda 'irregular' de 5,8 millones

Nueva pieza separada del caso ERE contra 10 exaltos cargos de la Junta y otras cinco personas por un préstamo concedido en 1999 a Hijos de Andrés Molina

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), ha dictado dos autos en los que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda incoar procedimiento de diligencias previas contra un total de 15 personas. Entre ellos, están diez exaltos cargos de la Junta de Andalucía como el expresidente Manuel Chaves y cinco exconsejeros, entre ellos Gaspar Zarrías. Son investigados por el préstamo “puente” de 5.829.817 euros concedido a la mercantil Campocarne Andalucía -anteriormente conocida como Hijos de Andrés Molina (Hamsa)- por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y aprobado en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de fecha 9 de noviembre de 1999.

Conviene recordar que el origen de la trama de los ERE nació en Jaén, precisamente de las ayudas que la Junta andaluza había aportado entre 1999 y 2000 a la empresa cárnica jiennense Hijos de Andrés Molina (Hamsa). Luego pasó a llamarse Campocarne y, finalmente, Primayor.  Cárnicas Molina llegó a ser, en su momento, una de las principales empresas cárnicas andaluzas,​ llegando a contar con 1.100 trabajadores y un matadero de 1.600 cerdos al día. Contaba con una infraestructura de 50.000 metros cuadrados​ que hoy día está en estado ruinoso, junto al polígono industrial Nuevo Jaén.

En noviembre, la Audiencia Provincial de Sevilla anunció la sentencia del caso de los ERE, que condena a 19 de los 21 acusados y absuelve a los otros dos. Entre los nombres de los condenados, algunos vinculados a Jaén como Gaspar Zarrías y Francisco Vallejo.  La Audiencia Provincial de Sevilla condenó al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años de prisión por malversación y prevaricación continuadas. A Manuel Chaves se le condena a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Ahora, vuelven a estar en el punto de mira.

LA DECISIÓN DEL JUEZ

En un primer auto dictado hoy, el magistrado acuerda abrir diligencias previas en relación a la presunta perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación por parte de las 15 personas investigadas. De igual modo, y en un segundo auto de hoy también, se acuerda incoar procedimiento de diligencias previas por dichos delitos contra los investigados, entre los que se encuentran, además de Chaves, los exconsejeros de la Junta Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; el expresidente del IFA Salvador Durbán; el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, y cinco directivos de la empresa.

En este segundo auto, el magistrado pone de manifiesto que los hechos relatados por la Fiscalía Anticorrupción en el escrito elevado al Juzgado el pasado 20 de noviembre “podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Por eso, ha considerado pertinente abrir una nueva causa para determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la concesión a Campocarne Andalucía S.A. de un préstamo “puente” de 5,8 millones de euros, otorgado por el antiguo IFA y aprobado en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta el 9 de noviembre de 1999 (formalizado en escritura pública de 22 de diciembre de 1999).

En este sentido, añade que, a través de este préstamo, “podría haberse simulado una ayuda pública directa, otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos”, una operación que no “tendría vinculación alguna con el denominado “procedimiento específico” ni con las indebidas transferencias de financiación articuladas en virtud del mismo –a los fines indicados- en favor de IFA/IDEA”.

A juicio del magistrado, y tal y como sostiene el Ministerio Público en su escrito, los hechos investigados en esta nueva pieza separada “no habrían prescrito” teniendo en cuenta que, “a fecha 1 de febrero de 2005, el préstamo no habría sido amortizado y que aún entonces no habría sido declarado impagado o fallido –ni considerado un gasto/pasivo para IFA/IDEA-".

El magistrado, en este segundo auto, acuerda solicitar distinta documentación a la agencia IDEA, a las consejerías de Presidencia y Empleo, y a la Intervención de la Junta, para que la aporten “a la mayor brevedad posible”. Además, declara la complejidad del procedimiento y señala un plazo de 18 meses para la instrucción del mismo, “sin perjuicio de lo que pueda acordarse posteriormente”.