
"La arquitectura técnica es una profesión silenciosa, pero muy comprometida"
Baeza ha sido el escenario elegido para reunir a los representantes de los ocho colegios oficiales de la Arquitectura Técnica de Andalucía. La ciudad Patrimonio de la Humanidad ha acogido las reuniones de la Comisión Permanente y del Pleno ordinario del Consejo Andaluz, una cita que ha servido para abordar los principales asuntos que preocupan a la profesión y reforzar la coordinación entre las distintas provincias.
Al frente de la institución se encuentra Jesús Lara, que afronta su segundo mandato con el propósito de consolidar los proyectos comunes, mejorar las herramientas al servicio de los colegiados y defender las competencias profesionales ante las administraciones. La rehabilitación del patrimonio, la modernización del sector, la contratación pública y la colaboración institucional figuran entre sus prioridades.
En esta entrevista, Lara reflexiona sobre el significado de celebrar este encuentro en Baeza y analiza los desafíos de una profesión que considera esencial para la conservación, la seguridad y la calidad de los edificios.
—¿Por qué han elegido Baeza para celebrar el Pleno del Consejo Andaluz?
—El Consejo Andaluz tiene la buena costumbre de celebrar sus plenos de manera itinerante por cada una de las ocho provincias. En este caso tocaba Jaén y, concretamente, Baeza. Para nosotros es un lujo estar aquí, con tantísimo patrimonio, tantas referencias históricas y en la cuna del Renacimiento. Acabamos de estar en el Paraninfo de la antigua Universidad y me he quedado fascinado. Estamos en un entorno extraordinario. Creemos que el Colegio de Jaén ha tenido todo el acierto al escoger esta sede para celebrar el Pleno.
—¿Qué significado tiene para los arquitectos técnicos reunirse en una ciudad Patrimonio de la Humanidad?
—Es una forma de reivindicar la vinculación de nuestra profesión y su compromiso con la rehabilitación del patrimonio histórico. Siempre decimos que somos una profesión algo silenciosa, pero muy comprometida. Tenemos muchos ejemplos de ello. Estar aquí en Baeza es un lujo para el Consejo y esta visita nos permite poner de manifiesto esa vinculación con el patrimonio.

—¿Qué asuntos ocupan actualmente al Consejo Andaluz?
—La prioridad es que el trabajo del Consejo llegue al día a día de los colegiados. Que encuentren en su colegio respaldo, formación y herramientas útiles para ejercer en un entorno cada vez más exigente. Ese es el criterio con el que debemos valorar nuestras actuaciones. Para conseguirlo contamos con una fortaleza fundamental: la colaboración entre los ocho colegios andaluces. Vivimos una etapa de máxima colaboración y quiero reconocer expresamente la implicación de sus presidencias, juntas de gobierno y equipos. Cada colegio conoce las necesidades de sus profesionales y aporta experiencia e iniciativas que, compartidas, pueden beneficiar al conjunto de Andalucía.
—Durante su visita a Baeza también ha destacado el trabajo de los arquitectos técnicos que desarrollan su labor en las administraciones públicas.
—Recientemente hemos creado un grupo de técnicos de la Administración para que exista un mayor encuentro entre la organización colegial, el conjunto de la profesión y los técnicos que tenemos en las distintas administraciones, especialmente en los ayuntamientos. Son profesionales que realizan una labor diaria relacionada con el urbanismo, la conservación o la gestión de licencias. Es un trabajo muy importante, esencial, y estar en un lugar como el Ayuntamiento de Baeza también es una oportunidad para ponerlo de manifiesto.
—La rehabilitación es uno de los grandes ámbitos de trabajo de la profesión. ¿Qué balance hace de las oficinas de rehabilitación impulsadas por los colegios andaluces?
—La valoración es positiva, aunque ha sido una experiencia exigente. Era la primera vez que abordábamos una colaboración de esta envergadura y muchas de las dificultades han estado vinculadas al propio procedimiento administrativo para la creación y el seguimiento de las oficinas. También hemos encontrado dificultades de coordinación dentro del convenio. A pesar de ello, considero que las oficinas de rehabilitación constituyen un modelo que debemos mantener y desarrollar. Los ocho colegios de la Arquitectura Técnica han aportado proximidad, conocimiento técnico y capacidad de atención en todo el territorio andaluz.
—¿Qué debería cambiar para que la rehabilitación de edificios tenga una mayor continuidad?
—Hemos aprendido que hay aspectos que deben mejorar, especialmente en la simplificación de los procedimientos, la agilidad de la tramitación y la coordinación entre los distintos agentes que intervienen en las actuaciones. Ahora debemos aprovechar ese conocimiento y esa experiencia. La rehabilitación no puede depender exclusivamente de convocatorias extraordinarias de ayudas. Andalucía tiene un parque edificado con importantes necesidades de conservación, accesibilidad y eficiencia energética, y nuestros profesionales están especialmente preparados para intervenir en esos ámbitos.

—Uno de los proyectos que están impulsando es PEM-A, el banco de precios de la construcción de Andalucía. ¿Qué aporta esta herramienta?
—PEM-A, el Banco de Precios de Ejecución Material de Andalucía, es una iniciativa del Consejo Andaluz y fruto del trabajo que hemos impulsado para dar respuesta a una necesidad real del sector: disponer de precios de referencia en Andalucía, tanto para la obra pública como para la privada. Ese trabajo lo hemos puesto en común con FADECO y con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos para consolidar el banco de precios e iniciar el proceso de homologación por la Junta de Andalucía. PEM-A ya está disponible al servicio del sector en Andalucía. Su acceso es gratuito y hemos adquirido el compromiso de actualizarlo cada año, porque una herramienta de estas características debe mantener su conexión con la evolución de los costes y con la realidad de las obras.
—¿Se han tenido en cuenta las diferencias de costes que existen entre las provincias andaluzas?
—Sí. PEM-A nace de la colaboración con Precio Centro. Partiendo de esa base, hemos trabajado en su adaptación a la realidad andaluza, teniendo en cuenta también las diferencias entre provincias. Por ejemplo, los costes de mano de obra se configuran en función de los respectivos convenios provinciales. Esa atención a las particularidades de nuestro territorio es fundamental para ofrecer referencias útiles. Además, hemos establecido un procedimiento de investigación de precios en Andalucía para el que contamos, a través de la coordinación con FADECO, con la colaboración de los jefes y jefas de obra. Su experiencia permite contrastar las referencias con las condiciones reales de ejecución.
—La defensa de las competencias profesionales es otra de sus prioridades. ¿Qué preocupa especialmente al Consejo Andaluz?
—Las recientes sentencias relacionadas con los expedientes de asimilado a fuera de ordenación, AFO, y los cambios de uso han marcado buena parte de nuestro trabajo. Han sido y están siendo meses difíciles, también por la preocupación y el desánimo que estas cuestiones generan entre los compañeros. Nuestra prioridad ha sido coordinarnos con el Consejo General y ofrecer información rigurosa sobre el alcance de las resoluciones, diferenciando lo que establecen de interpretaciones que pretenden extender sus efectos más allá de los supuestos examinados. Los colegiados necesitan claridad y el respaldo de sus instituciones.

—¿Encuentran dificultades para acceder a los contratos públicos?
—Seguimos reclamando que se revise la agrupación de prestaciones que dificulta enormemente nuestra participación directa como licitadores. Esto afecta a la dirección de ejecución de obra, incluso en los supuestos en los que la legislación reserva esa función a profesionales de la Arquitectura Técnica. En la coordinación de seguridad y salud sucede algo similar. Nuestra profesión ha asumido ampliamente esta función, con responsabilidad y compromiso, pero la forma de agrupar los servicios también limita nuestras posibilidades de concurrir directamente. En la práctica, otros licitan y resultan adjudicatarios de contratos que incluyen servicios que después desarrollan nuestros compañeros.
—¿Está respondiendo la Administración a estas reivindicaciones?
—Debo reconocer que los resultados todavía no son los que necesitamos. Esa autocrítica nos obliga a reforzar la coordinación, mejorar nuestra capacidad de respuesta y perseverar en la interlocución con los órganos de contratación. Queremos seguir siendo colaboradores leales de nuestras administraciones y contribuir a mejorar la calidad de la edificación y de los servicios públicos. Pero esa lealtad debe encontrar reciprocidad. Reclamamos un compromiso efectivo con nuestra profesión, que se traduzca en el reconocimiento de nuestras atribuciones y en condiciones de contratación que nos permitan participar directamente y aportar nuestro conocimiento.
—¿Cuáles son los principales retos de la arquitectura técnica en los próximos años?
—La digitalización, la industrialización de la construcción y las exigencias de sostenibilidad están introduciendo cambios importantes en nuestra actividad. La experiencia de los programas de competencias digitales desarrollados a través del Consejo General de la Arquitectura Técnica y UPRO demuestra la importancia de facilitar a los compañeros una formación práctica y adaptada a su trabajo. También queremos seguir impulsando herramientas como PEM-A y Docarqt, una librería técnica para el control documental y la gestión de la calidad de las obras. Nuestro criterio es que los recursos del Consejo deben revertir en beneficio de los colegios y de sus colegiados.

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