El tranvía de Jaén, otra vez atrapado en el laberinto administrativo

La suspensión cautelar del contrato de explotación añade un nuevo problema a una infraestructura que lleva quince años esperando entrar en servicio
La adjudicación del contrato de explotación del tranvía de Jaén se pone en pausa. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Tarja) decretó el pasado 9 de enero la suspensión cautelar del proceso tras la presentación de un recurso por parte de una de las empresas licitadoras excluidas.
La decisión paraliza temporalmente un trámite clave para activar un sistema de transporte que, pese a estar terminado desde 2011, nunca ha llegado a funcionar de forma regular. Desde entonces, el tranvía se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de las infraestructuras infrautilizadas en Andalucía.
El recurso ha sido presentado por una unión temporal de empresas (UTE) en la que participa Alsa, actual concesionaria del autobús urbano en la capital. Esta UTE había sido inicialmente propuesta como adjudicataria del principal contrato de operaciones, con un presupuesto de salida de 17,8 millones. Pero la Consejería de Fomento lo evocó en diciembre.
Al parecer, no presentó correctamente toda la documentación requerida y la subsanación se realizó fuera del plazo legalmente establecido. “Por un error material de la mesa de contratación no se advirtió la ausencia de una parte de la documentación requerida”, recoge el documento oficial.
Como consecuencia, la mesa acordó excluir a esta UTE del procedimiento y solicitar la documentación previa a la adjudicación a la siguiente empresa mejor valorada, la UTE Avanza Movilidad Integral SL–Avanza Tren SA.
Desde la Consejería de Fomento se ha señalado que la suspensión cautelar es un trámite habitual cuando se interpone un recurso contractual y que el tribunal deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre la legalidad de la exclusión.
Mientras tanto, el calendario para la puesta en marcha del tranvía vuelve a quedar en el aire. El contrato cuya adjudicación se encuentra paralizada se estructura en tres bloques: el primero, dedicado a la operación integral del sistema (conducción, atención al cliente, billetaje, limpieza, seguridad y gestión del aparcamiento disuasorio); el segundo, centrado en la coordinación del mantenimiento y el control técnico; y el tercero, relativo a la atención al usuario y el control del fraude.
Todo ello afecta a una infraestructura que cuenta con 4,78 kilómetros de trazado, diez paradas, vía doble en superficie, prioridad semafórica en todos los cruces y un depósito para el material rodante, pero que permanece sin actividad comercial desde su construcción.
La actual situación no es el primer episodio de fricción entre el tranvía y el transporte urbano por carretera en la ciudad. Durante la fase de pruebas del sistema, la entonces concesionaria del autobús urbano, Autobuses Castillo, denunció ante los tribunales lo que consideraba un caso de competencia desleal, al entender que se estaban realizando recorridos con pasajeros antes de que el servicio estuviera oficialmente en funcionamiento.
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