JAÉN, LA PROVINCIA DONDE EL DERECHO NO SE EJERCE

Más de 700 mujeres al año se ven obligadas a salir de la provincia para interrumpir su embarazo, en un territorio donde no se practica ni en la sanidad pública ni en la privada pese a estar reconocido por ley

Ana (nombre ficticio) tenía 37 años cuando se quedó embarazada. Era 2016. Lo que comenzó como una gestación deseada se convirtió en una experiencia marcada por diagnósticos médicos devastadores y decisiones urgentes.

En la semana 12, los médicos detectaron una alteración en el cromosoma 21. Dos semanas después, llegó un segundo diagnóstico: hidrops fetal, una condición incompatible con la vida. A ello se sumaba un riesgo añadido para ella misma: el llamado "síndrome en espejo", que podía comprometer su salud.

La recomendación médica fue clara, tanto en la sanidad pública como en una segunda opinión privada le aconsejaron que era necesario interrumpir el embarazo. Ana estaba ya en la semana 16.

Pero en el hospital materno-infantil de Jaén se encontró con una barrera inesperada.

-"Allí me dijeron que todos los médicos eran objetores de conciencia y que no podían hacerlo", recuerda.

Sin alternativa en la sanidad pública ni en la provincia, fue derivada a una clínica privada fuera de Jaén. Antes tuvo que pasar los tres días obligatorios de reflexión. Cuando inició el procedimiento, ya rozaba la semana 17.

El destino fue Sevilla. Allí, el proceso se complicó. Necesitaba más tiempo para la dilatación y la clínica no ofrecía ingreso. Le facilitaron una lista de hoteles concertados.

-"Pasé la noche en un hotel, medicándome, sola, lejos de mi casa", relata.

Al día siguiente regresó a la clínica para completar la intervención. A su vuelta, la Delegación de Salud le ofreció compensar el coste del alojamiento.

Lo rechazó.

-"No quería dinero. Quería que me atendieran aquí, en mi hospital, con dignidad".

OBLIGADAS A DESPLAZARSE

El caso de Ana no es excepcional. Es, en realidad, el reflejo de una situación estructural que se mantiene en Jaén desde hace más de una década.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad publicados a finales de 2025, 737 mujeres de la provincia tuvieron que desplazarse en 2024 a otras provincias para abortar. Ese mismo informe confirma que Jaén no registró ninguna interrupción voluntaria del embarazo en su territorio.

Los datos de la propia Consejería de Salud permiten afinar aún más el mapa de estos desplazamientos. En 2024, 576 mujeres jiennenses acudieron a Granada para someterse a una IVE, principal destino. Sevilla y Córdoba son las otras dos provincias receptoras, mientras que en menor medida también se registran desplazamientos a Almería y Málaga.

El cuadro oficial lo deja claro: Jaén no notifica abortos desde hace años. Pero eso no significa que no se produzcan, sino que se realizan fuera.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha confirmado en su informe de 2024 que en Jaén "no se oferta la prestación de la IVE ni en la red pública ni mediante concierto privado", lo que obliga a las mujeres a desplazarse, adelantar el coste de la intervención y asumir gastos de viaje y alojamiento.

Además, advierte de que esta situación impide ejercer el derecho "en condiciones de igualdad" respecto al resto de andaluzas y afecta especialmente a mujeres con menos recursos o en situaciones de vulnerabilidad.

La propia Junta de Andalucía reconoce que en la provincia solo se están realizando interrupciones por causas médicas en el sistema público, previa valoración del Comité de Ética de Granada. El resto de supuestos —los más habituales— siguen fuera del sistema sanitario jiennense.

LA DENUNCIA FEMINISTA

El conflicto llegará al Parlamento andaluz de la mano de Adelante Andalucía, que ha denunciado que Jaén es "la única provincia donde no se puede abortar ni en la sanidad pública ni en la privada".

Según su portavoz, José Ignacio García, más de 800 mujeres al año se ven obligadas a desplazarse a otras provincias, asumiendo costes económicos sin una cobertura clara, ya que el decreto que regula estas compensaciones sigue sin aprobarse.

Desde el Colectivo Feminista 8M de Jaén, su portavoz Juana Peragón insiste a Lacontradejaén en que la situación vulnera la ley.

"Ningún hospital necesita autorización para practicar IVEs. Es obligatorio ofrecerlas", afirma.

El colectivo denuncia que durante años se ha utilizado la objeción de conciencia como argumento para no prestar el servicio, incluso cuando no existía un registro oficial de objetores. Hoy, con ese registro ya en marcha, reclaman planificación real y contratación de personal para garantizar el derecho.

A principios de 2024, la Junta anunció la incorporación de la interrupción del embarazo al Hospital Universitario de Jaén. Sin embargo, el alcance es muy limitado. Solo se notificaron tres intervenciones, todas por causas médicas.

Es decir, el sistema público ha empezado a asumir los casos más graves, pero sigue sin ofrecer la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos más comunes.

Para los colectivos feministas, esto no resuelve el problema de fondo.

Jaén se sitúa así en el centro de una contradicción: el derecho al aborto está reconocido por ley, pero su ejercicio depende del lugar donde se viva. Para cientos de mujeres cada año, eso se traduce en kilómetros de distancia, gastos añadidos y decisiones difíciles tomadas lejos de casa.

Juana Peragón lo resume con una frase: "Nosotras reclamamos el derecho a abortar en hospitales públicos, que son los que garantizan la accesibilidad y la privacidad".