La patronal del aceite llama a la calma ante el posible fraude

Las asociaciones Anierac y Asoliva defienden la calidad del aceite de oliva que llega al líneal y tienden la mano a la colaboración contra el fraude

Llamamiento a la calma de la patronal del aceite ante el posible fraude que afecta a 14 marcas y que ha obligado a inmovilizar unos 20.000 litros. La Asociación Nacional de Industriales Envasadores de Aceite (Anierac) y la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva) han emitido un comunicado conjunto defendiendo que los litros inmovilizados "no tienen relación alguna con las industrias que forman parte de las asociaciones y que se vendían en mercados escasamente supervisados".

La Dirección de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo explicó, la semana pasada, que la alerta se originó como consecuencia de varias denuncias de particulares por deficiencias en olor y sabor en aceites de algunas de esas marcas indicadas. En respuesta, se han realizado actuaciones por parte de los servicios de inspección de la Consejería de Salud y Consumo y en colaboración con el Seprona de la Guardia Civil. Al parecer, se alertó de la comercialización de aceites de oliva sin registro sanitario y, por tanto, fuera de control oficial. 

Ambas organizaciones han mostrado su preocupación ante un episodio que consideran "aislado". Es más, aseguran que supone "un 0,0005% sobre el aceite reconocido por su buena calidad que ponen nuestros asociados en el mercado a través de los canales de distribución de toda la vida".

Por otro lado, animan a los consumidores a comprar en el lineal las marcas de Anierac y Asoliva y en general cualquiera de las existentes en la distribución. "Los aceites que llegan hasta los puntos de venta han superado el control de calidad que ha realizado previamente la industria con una serie de pruebas químicas, físicas y sensoriales que garantizan su calidad y pureza; su idoneidad e inocuidad; y, sobre todo, su adaptación a la normativa establecida". 

Por otro lado, reclaman a los gobiernos de Extremadura y Andalucía que "haya la mayor transparencia e información sobre este asunto para que no se cree confusión en la opinión pública". De hecho, han ofrecido su colaboración "para luchar contra el fraude".