El PP pide más vigilancia y mano dura contra las ocupaciones ilegales

El PP se hace eco de la inquietud de vecinos de La Merced y pide a los ayuntamientos que nieguen el padrón a los okupas

El problema de las ocupaciones ilegales viviendas en el casco antiguo sigue vigente y está en la agenda política. El PP se ha hecho eco de las quejas de vecinos de La Merced que denuncian esta situación porque, según traslada el partido, generan "inseguridad". "Hace falta más vigilancia", esgrime el partido de la oposición. El Ayuntamiento ha hizo pública su idea de crear un registro de casas de este tipo tras atender a las peticiones de la asociación vecinal Unidos por la Merced.

Javier Carazo, Reyes Chamorro y Antonio Losa, concejales del PP, han visitado recientemente el barrio y han subrayado la necesidad de proteger las propiedades inmobiliarias. "El PP ha presentado una modificación de la actual normativa, con el fin de que esta lamentable situación para los propietarios sea resuelta en 48 horas y que se amplíe el delito de usurpación con penas de hasta tres años de prisión", exponen los ediles en un comunicado, y cargan contra el PSOE: "Cambió el ordenamiento jurídico para que los ocupas únicamente sean castigados con penas de multa que en muchos casos no resuelven este mal endémico extendido en nuestra ciudad".

La presidente de 'Unidos por la Merced', Guadalupe Espinosa, confirma a este medio en el barrio hay más de una decena de casas ocupadas. En tres viviendas, subraya, la conflictividad es "muy alta". Todas tienen un común denominador: "Pertenecen a los bancos. Le hemos pedida ayuda a las autoridades para evitar que todo esto vaya a más en el barrio", dice.

Carazo, portavoz del PP en el Ayuntamiento, insta a Julio Millán, alcalde de Jaén, a que aumente la vigilancia policial ante, según denuncia, el aumento de los niveles de delincuencia, y propone un protocolo para que los vecinos no se sientan indefensos. Además, pide una "reorganización del tráfico más racional" e impedir la circulación a más de 20 kilómetros.

El PP se muestra contundente ante los casos de ocupación: sostiene que las personas que ocupan no pueden ser empadronadas por los ayuntamientos, posición antagónica a la de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Barrios Ignorados, colectivos que han llevado a la Fiscalía el caso de una familia en Linares. "En la mayoría de los casos se empadronan para recibir ayudas sociales e impedir que sus legítimos propietarios no les puedan desahuciar ya que se considerar al estar empadronados como su residencia legal", sentencia Carazo.