La angustiosa cuenta atrás para Tomás y Tamara

La pareja debe abandonar la vivienda que ocupan con sus cuatro hijos menores en la calle Elvín el próximo 28 de octubre por una orden de desahucio solicitada por el banco propietario del inmueble

Tomás y Tamara deben abandonar la vivienda que ocupan desde hace dos años en el número 6 de la calle Elvín el próximo 28 de octubre. Es la fecha que ha fijado el juzgado para su desalojo a instancias del banco propietario del inmueble. No la abandonarán solos. Sus cuatro hijos, de 7 meses, 3, 4 y 6 años, les acompañan en esta traumática cuenta atrás a la que han llegado después de que ninguna de las alternativas planteadas por la familia a la entidad financiera hayan sido aceptadas ni las gestiones realizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Jaén hayan servido para prorrogar más allá de un mes esta lenta y angustiosa agonía.

La situación es límite. "Ahí fuera no tenemos nada", dice con desazón Tomás Fernández, de 43 años y soldador de profesión. Lleva desde febrero sin trabajar. Con anterioridad, lo había hecho de manera eventual, pero nunca con un empleo estable, por lo que los ingresos han sido intermitentes. Ahora ha conseguido que le concedan la renta mínima de inserción social, un cantidad insuficiente para poder mantener a una familia numerosa.

En 2016 ocupó la casa. Entró sin forzar la puerta. La reformó e hizo de la vivienda un hogar. Durante estos dos años ha tratado de negociar con el banco para quedársela. Le ha presentado varias posibilidades e, incluso, propuso rehipotecar la casa a 20 años, pero cada una de sus sugerencias era contrarrestada al alza por la entidad. "Primero les ofrecí 16.000 euros, luego 40.000 y ellos me iban subiendo el precio hasta los 72.000. Yo no puedo pagar eso", afirma resignado.

Tomás siente que han jugado con él y con los suyos, que el banco solo ha especulado y que en momento alguno ha querido de verdad desprenderse del inmueble. "Yo quiero ser legal. Tener una casa, pero no puedo, a pesar de que me ampare la Constitución", lamenta. Tamara, de 26 años, se encarga del cuidado de los pequeños mientras su marido sigue buscando una oportunidad en el mercado laboral y, sobre todo, una solución a la pesada losa que carga por no disponer de medios suficientes para hacer frente al alquiler de una vivienda y mucho menos a su compra.

La PAH han conseguido evitar que la familia de Tomás se vea en la calle este viernes. No en vano, era la fecha fijada, en un primer momento, para su desalojo. El colectivo antidesahucios logró que el juzgado frenara el lanzamiento después de reunirse con el delegado de Fomento y Vivienda, José Manuel Higueras, un técnico de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y el abogado de oficio de la familia. Sin embargo, solo han ganado tiempo porque es improrrogable. Es decir, que a partir de hoy y hasta el 28 de octubre, deben encontrar una alternativa habitacional para estos inquilinos.

LUCHARÁN HASTA EL FINAL

La plataforma está dispuesta a llegar hasta el final. Lo que no piensa hacer es dejar en la estacada a esta familia. Por eso seguirá tocando todas las puertas que sean necesarias: Delegación de Vivienda, AVRA, Oficina Municipal Antidesahucios, Patronato de Asuntos Sociales, Oficina de Antidesahucios de Diputación o Cáritas. ”Es incomprensible que esta ciudad no tenga un parque municipal de vivienda para realojar a familias, víctimas de los desahucios por parte de las entidades financieras”, asegura el portavoz de la PAH, Miguel Ángel Martínez Bellón, quien lamenta que ni el Ayuntamiento ni la Junta dispongan de verdaderas políticas de vivienda para las personas sin recursos.

Asimismo, se pregunta: "¿Cómo es posible que UCI deje a esta familia en la calle y que esta vivienda venga a formar parte de las miles de viviendas vacías que hay en la ciudad y que ningún Gobierno, ni local ni autonómico moviliza? ¿Sabe la Delegación de Vivienda que el Tribunal Constitucional ha dado el visto bueno a gobiernos autonómicos para la expropiación de viviendas vacías de los bancos para así cumplir con la función social de la vivienda?", cuestiona el responsable de la PAH.

Califica de una "inmoralidad" y de una “antipolítica” extrema un desahucio sin alternativa habitacional, que pone en peligro la vida de cuatro menores y puede alcanzar daños irreparables, más aún cuando "se obvian los principios de la Ley de Protección del Menor y la Convención sobre los Derechos del Niño, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Solo se salvaguarda el derecho a la propiedad de un banco que deja vacía una vivienda y a una familia en la calle”, insiste el portavoz.