Frente común para luchar contra el fraude del aceite de oliva

Aprobada una nueva guía contra el fraude del aceite y orujo de oliva en medio de la alerta sanitaria en Extremadura y Andalucía que ya afecta a trece marcas

La Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria ha aprobado una guía para la campaña especial de lucha contra el fraude del aceite de oliva y de orujo de oliva que se llevará a cabo durante el año 2023. La decisión llega justo en medio de la polémica por la alerta alimentaria por posible irregualridad en la comercialización detectada en Extremadura y Andalucía y que ya afecta a trece marcas. 

El objetivo de el documento que vio la luz ayer es ofrecer recomendaciones para que la programación y ejecución de las inspecciones sea lo más eficaz posible. Así, identifica los puntos críticos en relación con posibles prácticas fraudulentas que supongan un incumplimiento de las normas nacionales y comunitarias aplicables a este sector.

La guía señala las instalaciones de especial interés donde pueden producirse irregularidades difíciles de detectar, establece recomendaciones para llevar a cabo los controles, y explica los puntos críticos para cada tipo de instalación. Conviene recordar que en noviembre se aprobó un plan de control específico del aceite de oliva y de orujo de oliva para la presente campaña, que está en aplicación.

CONTROLES

Para el año 2023, las comunidades autónomas han programado 697 controles en el sector del aceite de oliva y el aceite de orujo de oliva basados en una evaluación del riesgo y en su número de operadores. Supone casi un 6% más que el año anterior y controlar aproximadamente un 20% de operadores. Además, en aplicación de la norma de calidad, por primera vez se van a realizar controles para la verificación de la trazabilidad del sector, que alcanzarán a un 10% de los operadores.

La norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva se aprobó en agosto de 2021 (Real Decreto 760/2021, de 31 de agosto), con el fin de mejorar la trazabilidad de estos productos, en especial el aceite de oliva virgen extra, y revalorizar este alimento simbólico de la dieta mediterránea. Esta norma atiende las nuevas demandas de transparencia de la ciudadanía y satisface una reivindicación histórica del sector oleícola español.