Lozano apunta a la bajada de impuestos y el fraccionamiento como “medidas clave” para la recuperación

Más de 50 municipios se pueden acoger a la reducción fiscal para acceso a la vivienda de jóvenes y 58 al aplazamiento de deuda

La delegada del Gobierno en Jaén, Maribel Lozano, ha presentado los detalles de la nueva Ley de Tributos Cedidos y el Decreto-ley 18/21 que permite fraccionamiento de las deudas de los ayuntamientos. Considera que son medidas “clave para apoyar la recuperación económica de la provincia”. Se ha referido especialmente al impacto positivo de la rebaja aprobada en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que pasa del 8, 9 y 10 al 7% y al 0,3 en arrendamientos.

Asimismo, ha explicado los beneficios de la rebaja del IRPF con ejemplos. “Un contribuyente con un rendimiento neto de 18.000 euros, si tiene un hijo en Jaén capital antes se deducía 50 euros, ahora, 200.  Si ese mismo contribuyente vive en un municipio en riesgo de despoblación,  la deducción actual será de 400 euros, mientras que la anterior era de 50”, ha detallado Maribel Lozano.

La provincia se beneficia especialmente de las reducciones que se dirigen a mejorar el acceso a la vivienda para jóvenes en municipios de menos de 3.000 habitantes, una medida que, según ha subrayado Maribel Lozano, “ayudará a luchar contra la despoblación y a fijar a la población al territorio en los 53 municipios que se pueden acoger”.

La delegada se ha referido al carácter social de la reforma, que supone un “ahorro para personas con discapacidad y mayores y para familias monoparentales o numerosas. “Son medidas para todas las familias, para personas con discapacidad, para jóvenes y para municipios en riesgo de despoblación. Queremos que la gente se quede en los pueblos de la provincia de Jaén y para ello hay que rebajar impuestos, mejorar los servicios y crear dinámicas empresariales y económicas que generen empleo”, ha añadido la delegada del Gobierno.

La reforma fiscal modifica el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que pasa del 8, 9 y 10 al 7% y al 0,3 en arrendamientos; El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que pasa del 1,5 al 1,2%; el Impuesto del IRPF, en el que se adelanta la escala prevista para 2023 a 2022 y en el que el tipo mínimo se queda en el 9,5 y el máximo en 22,5; el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en favor de hermanos, tíos y sobrinos, que pasa del 70 al 45% (El mejor régimen fiscal de todas las comunidades) y el Impuesto sobre el Patrimonio que se queda en la misma escala que el estatal, salvo el último tramo que permanece en el 2,5 y no aplica la subida estatal del 3,5%.

DECRETO FRACCIONAMIENTO

Por otro lado, la responsable del Ejecutivo andaluz en la provincia ha puesto en valor el nuevo decreto por el que se regula el aplazamiento y fraccionamiento especial del pago de deudas de entidades locales y se establecen otras normas recaudatorias. Tiene dos finalidades, por un lado, las entidades locales podrán aplazar sus deudas con la Junta para pagarlas en un plazo prudencial y estableciendo un plan financiero, recibiendo, al menos, el 75% de la Patrica. “De este modo, tendrán a la Junta de Andalucía a su lado, para que no se asfixien, para que la deuda no les impida prestar los mejores servicios a la ciudadanía”, ha subrayado la delegada.

Por otro lado, los ayuntamientos que aplacen las deudas a través del decreto tendrán regulada su situación financiera con la Junta de Andalucía. La medida permite garantizar la recepción de subvenciones y ayudas públicas, fondos para poner en marcha proyectos que redunden en el bienestar de los vecinos de los municipios jiennenses, que es igual a inversiones, actividad pública inversora, empleo y dinamización de las empresas. 

“De hecho, es la única vía para la llegada de los fondos de reconstrucción, los conocidos como Next Generation, un dinero que nos tiene que ayudar a impulsar nuestra economía, generar más puestos de trabajo y que los ayuntamientos cuenten con proyectos que mejoren la calidad de vida de sus vecinos”, ha añadido la responsable del ejecutivo andaluz.

Actualmente, en Jaén existen 58 entidades locales con deudas con la Junta de Andalucía, que se podrán acoger a este plan. En caso de acogerse todos los ayuntamientos susceptibles supondría el aplazamiento del pago de 12,8 millones de euros por parte de estas entidades locales. El decreto también se abre a las empresas privadas a las que se permitirá el aplazamiento y el fraccionamiento con un aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o con un certificado de seguro de caución.