El Colegio de Arquitectos Técnicos, pionero en la gestión urbanística
Miguel Contreras valora que la institución sea la pionera en Andalucía en firmar un convenio de encomienda de gestión con un ayuntamiento, el de Fuerte del Rey
El Reglamento General de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) presenta innumerables procedimientos urbanísticos sobre los que pivotan la aplicación de ambas normas urbanísticas. Con el objetivo de analizarla, el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén ha acogido la jornada “Procedimientos urbanísticos”, de la mano del abogado y experto en Urbanismo, Antonio Cano Murcia. Un momento que sirvió para poner en valor el hecho de que la institución colegial jiennense ha sido pionera en Andalucía en el ámbito de esta materia.
El acto fue inaugurado por el presidente del colegio, José Miguel de la Torre, y el delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Jaén, Miguel Contreras. De la Torre recordó que, junto al resto de Andalucía, ha colaborado y trabajado codo con codo con la Consejería para la elaboración esta nueva ley y su reglamento. Por su parte, Miguel Contreras destacó la importancia de este tipo de jornadas para analizar y adaptarse a todos los cambios que ahora son necesarios en virtud de la nueva normativa.
Además, el delegado de Fomento puso en valor el hecho de que el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén haya sido pionero en Andalucía en la firma de un convenio, en este caso con el Ayuntamiento de Fuerte del Rey, para llevar a cabo el trabajo técnico y urbanístico en colaboración con el Consistorio. “Creo que es fundamental, la colaboración y los colegios profesionales siempre han mostrado su apoyo a la administración y ahora tienen la posibilidad de ser agentes totalmente implicados con las administraciones”, ha aplaudido.
La ley LISTA pretende dar un empuje a la colaboración público-privada mediante la regulación más sistemática e integrada de los distintos mecanismos de colaboración. Habilita la posibilidad de constituir entidades colaborativas para ejecutar los instrumentos de ordenación urbanística o la asunción de la conservación de las obras de urbanización. A renglón seguido, abre la puerta a firmar convenios de colaboración y encomiendas de gestión con los colegios profesionales con tal fin.
En virtud de estas medidas normativas, el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén, José Miguel de la Torre, y el alcalde de Fuerte del Rey, Manuel Melguizo, firmaron el pasado mes de abril el primer convenio de encomienda de gestión que se rubrica en Andalucía para la gestión y aplicación de la normativa en el municipio una vez aprobada. Se trata del primer acuerdo autonómico que se suscribe entre un consistorio y un colegio profesional de la Arquitectura Técnica.
“La solvencia del Colegio nos permite dar un salto de calidad y queremos que Fuerte del Rey se conozca como somos, un municipio en el que es barato hacer obra y, a partir de ahora, será un sitio donde va a ser más fácil hacerlo. Porque este acuerdo nos permitirá gestionar con más eficacia, eficiencia y agilidad a la hora de resolver las licencias”, enfatiza.
“Si algo he aprendido en todo este tiempo es que la administración local tiene grandes trabajadores, pero en su mayoría, pero sobre todo en los pueblos pequeños como Fuerte del Rey, carece de técnicos”, reconoce el regidor. De ahí que cuando vio la posibilidad que establecía la Ley LISTA de establecer estos convenios lo tuvo claro. “Se juntaron dos cosas: la necesidad, por un lado, y la capacidad y buen hacer del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén, por otro”.
A partir de la firma del acuerdo, la institución colegial se pone manos a la obra para articular la fórmula correcta de coordinación entre la institución colegial y el Ayuntamiento para hacer un trabajo fluido, ágil y eficiente para gestionar los expedientes y que el ciudadano esté informado permanentemente de en qué punto de tramitación está su expediente. Además, Manuel Melguizo hace hincapié en que este convenio no repercute en un incremento de los costes para el ciudadano.
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