El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que investigue la muerte de un hombre por falta de ambulancia

Pide la dimisión de la presidenta de la Junta y la consejera de Sanidad por "decencia política y asunción de responsabilidades por los daños ocasionados a pacientes y trabajadores de la sanidad andaluza"

"Contactamos con usted de nuevo para solicitarle una investigación e intervención por otra muerte de un paciente, esta vez al ser denegada la ambulancia porque no había efectivos. El paciente falleció sin atención, en este caso en Jaén". Así comienza el escrito que la Asociación Defensor del Paciente ha remitido a Ana Tárrago, Fiscal Superior de Andalucía. Una petición que se hace después de que una familia de la capital haya denunciado que el pasado 20 de agosto un familiar murió por, supuestamente, falta de atención.

Según el relato remitido por el colectivo a este periódico, los familiares llamaron al 061 sobre la una y media del mediodía. Pidieron una ambulancia, ya que una persona estaba perdiendo mucha sangre después de que se rompiera una variz. "Le contestaron que no mandaban a nadie por falta de efectivos. Mi madre repitió la llamada cuatro veces más a lo largo de una hora con igual respuesta. A las 14:25 hizo otra llamada verbalmente mucho más agresiva debido a que mi padre ya perdió el conocimiento por falta de sangre. A los diez minutos llegó un equipo médico al completo el cual en ese momento hizo todo lo posible, pero las condiciones eran ya pésimas. Murió a las 23:30 horas", relatan los afectados, que han acudido a la asociación en busca de ayuda.

Para el Defensor del Paciente este hecho es responsabilidad del Gobierno autonómico, al que acusa de "dejación de funciones". "Responsabilizamos a la Junta de Andalucía por dejación de funciones  en la protección de los pacientes y poner en riesgo sus vidas. De hecho, no solo son las ambulancias", continúa. "Por todo esto y porque entendemos  que son muertes evitables y que han dejado a sus seres querido rotos de la impotencia de no poder salvarles la vida, esperamos que sea atendida nuestra petición con la investigación anteriormente solicitada y la depuración de responsabilidades de quien o quienes hayan provocado esta situación", demanda en el escrito firmado por su presidenta, Carmen Flores. 

La solicitud está fundamentada en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal.