Se elevan a 600 las indemnizaciones por las inundaciones de 2010

La Junta no recurrirá la segunda sentencia favorable a 500 agricultores de Andújar por la gestión del Río Guadalquivir en las inundaciones de 2010

Buena noticia para los cientos de agricultores que en 2010 se vieron afectados por las inundaciones en Andújar. La Junta no recurrirá la sentencia favorable a 500 vecinos de Andújar por la gestión del río Guadalquivir en aquella época. Se trata de la segunda sentencia relativa a su desbordamiento. En el caso de la primera, la Junta también renunció a presentar recurso por lo que 108 agricultores que ya han percibido dos millones de euros de responsabilidad patrimonial que reclamaban desde hacía diez años.

Así lo ha anunciado el delegado de la Junta en funciones, Jesús Estrella, que por entonces era alcalde de Andújar, durante una reunión con representantes de Asaja. El Gobierno autonómico, por lo tanto, renuncia también a recurrir la decisión judicial que da la razón a un grupo de 500 agricultores.

Estima el abono de indemnizaciones por las pérdidas patrimoniales que se produjeron el 23 de febrero de 2010 a causa del desbordamiento del río Guadalquivir a su paso por Andújar y Marmolejo, cuando la administración autonómica tenía las competencias de la gestión de la cuenca. Jesús Estrella ha explicado a los agricultores que plantear un recurso de casación alargaría aún más el plazo y dilataría el pago de las indemnizaciones, que suman 1,5 millones más los intereses que se reclaman desde hace una década.

Pocos son los vecinos de Andújar que olvidarán aquel año 2010. La lluvia obligó a decenas, mayormente de pedanías, a dejar sus casas anegadas por el agua. Desde entonces, la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Río Guadalquivir no ha dejado de luchar en dos vías. Una para que no se repitan las inundaciones y, otra, para que los fectados recibieran sus indemnizaciones. 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencia, el 9 de septiembre de 2021, condenando a la Consejería de Medio Ambiente. No fue recurrida y el 16 de noviembre de 2021, el Alto Tribunal andaluz dictó sentencia firme otorgando al Gobierno andaluz un plazo de tres meses para pagar de forma voluntaria. Terminado dicho plazo, UPA y la plataforma de afectados tuvieron que dar una rueda de prensa para reclamar su pago y, finalmente, el pasado mes de marzo se aboraron las indemnizaciones.