Jaén lidera la mejora del saneamiento de las aguas andaluzas

En 2023 ha vuelto a subir el porcentaje de las que cumplen la normativa sustentado en el "fuerte" incremento de la provincia, según Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción presenta, un año más, su informe relativo al saneamiento y depuración en Andalucía basado en los datos de la Administración hidráulica sobre las EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales) de más de 2.000 habitantes-equivalentes del año 2023. También analiza la evolución en los últimos 11 años, con el objeto de evaluar el cumplimiento de la normativa estatal sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Jaén, Cádiz y Sevilla mejoran con respecto a 2022.

Las conclusiones finales revelan, después de analizar 305 aglomeraciones urbanas en las ocho provincias andaluzas, que en 2023 ha vuelto a subir el porcentaje de las que cumplen la normativa, situándose en algo más de 68,5%, un punto porcentual mejor que el año anterior. Este dato se sustenta en el "fuerte" incremento de la provincia de Jaén, que ha mejorado en más de 15 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Aun así, lo destacable es el hecho de que más de la mitad de las provincias empeoren respecto a 2022. Solo mejoran las provincias de Cádiz, Sevilla y Jaén, aunque de forma global siga habiendo un tercio de las depuradoras analizadas que incumplen la norma.

Con respecto a la evaluación de los últimos 11 años, con una media de 307 depuradoras analizadas, se ve claramente que solo Córdoba se ha mantenido en porcentajes que rondan el 84% de media. Por el contrario, la provincia de Sevilla inició una mejora significativa desde 2018, que, aunque se vio frenada en 2022, este año ha vuelto a mejorar. Si en 2013 el grado de conformidad era del 84%, en 2018 no llegó al 59%. En el último año se sitúa en el 75,5%.

Ecologistas en Acción viene advirtiendo desde hace varios años del problema existente en Andalucía, no solo de localidades que siguen sin tratar adecuadamente sus aguas residuales y cuyo incumplimiento nos seguirá costando centenares de miles de euros en multas, sino que la situación de las que están funcionando es también muy preocupante como concluimos en el informe. Por ello, reclama a los Entes Locales -en función de los recogido en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local-, que asuman las competencias en materia de tratamiento de aguas residuales. Que faciliten los terrenos para ubicar la depuradora, expropiando si es menester, agilizando permisos y, sobre todo, asumiendo con posterioridad las operaciones de mantenimiento de las mismas, el verdadero problema para garantizar el correcto cumplimiento de la normativa de aguas residuales urbanas.