Grito unánime para evitar más desahucios en la provincia

La PAH y Barrios Ignorados lamentan los dos últimos desalojos acaecidos en Linares y piden viviendas sociales en régimen de alquiler

La decepción cunde en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Jaén y en la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados después de asistir a dos desalojos en lo que va de verano, ambos de Linares. Miembros de ambos colectivos se han concentrado esta semana frente a la Subdelegación del Gobierno y han vuelto a pedir a las administraciones que impulsen un parque municipal de viviendas público, la alternativa a las situaciones de desahucio. Piden viviendas sociales en régimen de alaquiler

Los desalojos en Linares, tal y como contó este medio, se dieron entre el 13 y 20 del pasado mes de julio. Caterina, enferma de Lupus, admitió a este periódico que cometió el error de confinar en las gestiones de quien era su pareja en un piso que acumuló impagos. La insolvencia resultó nefasta y la única alternativa que tuvo fue la habitación de un hotel.

Una mujer y sus tres hijos —mayores de edad, pero dependientes— fueron desalojados del piso donde vivían en Linares y que la primera no podía afrontar económicamente. Cáritas costeó la pensión donde todavía están, según confirma la PAH en un comunicado.

"PEDIMOS AL GOBIERNO MÁS DILIGENCIA EN LA MORATORIA"

En plena quinta ola del coronavirus, la plataforma y Barrios Ignorados piden al Gobierno de España "más determinación y diligencia" en la aplicación de la moratoria cuando se cumple la condición de vulnerabilidad, como en los dos casos de Linares: una mujer con enfermedad y una madre con hijos dependientes.

La PAH señala que con el decreto gubernamental del 14 de marzo de 202, que detenía de facto los plazos procesales en los desahucios de familias vulnerables en la pandemia hasta el 9 de agosto de 2021, se han evitado desahucios, pero a su entender aún "hay prácticas inadecuadas".

Barrios Ignorados y la Plataforma organizarán unas jornadas en septiembre sobre la planificación del derecho público a la vivienda y a la ciudad. El objetivo, conocer mejor la realidad de las familias afectadas y valorar los planes de vivienda no ejecutados. "Exigiremos al Ayuntamiento viviendas sociales en régimen de alquiler barato", sentencian.