Detectives privados investigaron a trabajadores de FCC antes de despedirlos

La empresa concesionaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria usó estos servicios para acreditar los ceses, según el comité de empresa

El drama tras un despido

El nuevo comité de empresa de la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria -FCC- ha admitido que la compañía utilizó detectives privados para controlar a trabajadores antes de ser despedidos. Un extremo que confirman a este medio fuentes municipales. En concreto, la multinacional quería acreditar que los empleados no realizaban sus turnos de manera correcta. Uno de los despidos se produjo durante la baja médica de uno de los trabajadores, cuya mujer reclama desde este lunes en la Plaza de Santa María que se declare nulo.

El ambiente en el seno de la plantilla no puede estar más caldeado. Tanto es así que no descartan movilizaciones e incluso convocar una huelga si no quedan sin efecto los despidos y sanciones. Así se lo han transmitido a los concejales de Hacienda y Contratación, Manuel Bonillla, y de Mantenimiento Urbano, Juan José Jódar, durante la reunión que han mantenido los representantes del nuevo comité de empresa, en el que el sindicato Unión Sindical Obrera (USO) cuenta con mayoría. 

El encuentro, que se ha celebrado en un tono de cordialidad, ha puesto de manifiesto los conflictos que existen entre la compañía y los trabajadores. En este sentido, Manuel Bonilla ha dejado claro que la obligación del Ayuntamiento es "seguir manteniendo, tal y como se ha producido hasta la fecha, un diálogo fluido con el comité de empresa de la concesionaria con mayor número de empleados que presta un servicio fundamental en la ciudad".

EXPEDIENTE SANCIONADOR

Por otra parte, el edil de Hacienda y Contratación se ha referido a la apertura de expediente a FCC por parte de la Oficina de Control de Contratos por catorce infracciones cometidas por la multinacional en el marco de la nueva relación contractual con el Ayuntamiento y por el que se expone a una sanción de más de 360.000 euros. 

Así, ha añadido que en aquellos contratos "en los que encontremos que no se cumple íntegramente lo acordado en el pliego de prescripciones técnicas administrativas, se aplicará la Ley de Contratos y si hay que imponer penalidades, se hará". Bonilla ha insistido en que esto se va a enmarcar a partir de ahora "en el funcionamiento normal de un servicio con el que antes no contábamos: la revisión jurídica de los contratos".

"Ahora disponemos de los medios necesarios para poder ejecutar ese control a las empresas, al menos en su lado jurídico, pues siempre hemos dispuesto de un control técnico, pero nos faltaba ese lado jurídico que nos resulta imprescindible en el caso de grandes empresas que cuentan con grandes departamentos jurídicos y nosotros teníamos que reforzar esa área", ha concluido.

Este viernes, Manuel Bonilla se reunirá con los representantes de Comisiones Obreras en el comité de FCC.