El juez cita a García Anguita para interrogarle por el caso Matinsreg

Declarará como investigado el próximo 16 de noviembre por su presunta vinculación en la posible malversación de fondos públicos durante su última etapa como concejal en el Ayuntamiento de Jaén

Desde que comenzaron las primeras pesquisas por la presunta malversación de fondos municipales en el mantenimiento de las fuentes públicas de la capital, su nombre aparecía en más de un documento. Incluso, en sede judicial testigos e imputados en la causa lo situaban en el entramado para que Mantinsreg se hiciera con el contrato.

Sin embargo, su condición de aforado por tratarse de parlamentario autonómico impedía al titular del Juzgado de Instrucción 2 de Jaén, Antonio Valdivia, llamarlo a declarar. Una vez disuelta la Cámara andaluza, Miguel Ángel García Anguita ha sido citado el próximo 16 de noviembre en calidad de investigado por su posible relación con el quebranto de 3,6 millones de euros de dinero público perpetrado supuestamente por la empresa zamorana, a la que, según el juez, el Ayuntamiento de Jaén pagó en 2012 facturas "infladas" por trabajos que no realizó y por materiales que no se habían utilizado.

Según establece el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el exconcejal de Personal habría "adoptado personalmente decisiones imprescindibles para que se pudiera consumar la malversación que se viene investigando, que constituyó el fin último de los distintos delitos que son objeto de la presente instrucción". El juez justifica su decisión de llamarlo a declarar en calidad de investigado en virtud de lo que se ha desprendido tanto de las diligencias policiales de investigación realizadas por la Policía Judicial como de las declaraciones realizadas hasta el momento por testigos e investigados, algunos de los cuales formaban parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Jaén en la fecha de comisión de los hechos, y otros forman parte del red empresarial que se encargaba de "inflar" las facturas.

"NO ME HE LLEVADO NI UN CÉNTIMO DEL AYUNTAMIENTO"

García Anguita ha estado en el centro de la diana desde que el PSOE interpuso la querella por supuestos pagos "inflados" a la empresa Matinsreg. El exedil siempre se ha mostrado dispuesto a declarar. "Puedo jurar que no me he llevado ni un céntimo del Ayuntamiento de Jaén", dijo en su comparecencia ante los medios de comunicación el pasado 26 de junio. 

En declaraciones a este periódico, el dirigente popular insiste en que su única relación con la empresa zamorana no va más allá de presentar al entonces concejal de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral, a un empresario de Ciudad Real, familiar de un vecino suyo, con quien a partir de entonces el edil buscó una solución al problema del cuidado de las fuentes ornamentales, que habían quedado sin mantenimiento tras renunciar la anterior empresa concesionaria, Imesapi.

Por eso, insiste en que está "deseando" comparecer ante el juez Antonio Valdivia y "explicar los extremos que me quiera preguntar". En este punto, recuerda que él no estuvo en reunión alguna y que lo único que hizo fue presentar a Manuel del Moral a José Merino Acero, el empresario de Ciudad Real que, supuestamente, medio para que Matinsreg se hiciera con el contrato del mantenimiento de las fuentes. Más allá su papel en la trama que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén es inexistente. Por eso, defiende su "total inocencia" en el entramado y considera que todo es una estrategia de los abogados para desviar la atención y favorecer a sus clientes.

YA SON DIEZ LOS INVESTIGADOS

Con la citación de Miguel Ángel García Anguita se elevan a diez las personas investigadas en esta causa que se centra en la diferencia en la facturación soportada por el Ayuntamiento de Jaén por el mismo servicio de conservación de fuentes ornamentales, entre una anualidad por la anterior empresa Imesapi y una anualidad de la empresa Matinsreg "haya generado un quebranto patrimonial para el Ayuntamiento superior a 3,6 millones de euros". Los hechos por los que están investigados podrían constituir, según apunta el juez instructor en su auto inicial, delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación continuada de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.